Aunque le parezca inverosímil, este miércoles, los abogados del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América argumentarán que el Tribunal Apelativo del Décimo Circuito debería revertir la decisión emitida en el caso Fitisemanu v. Estados Unidos, una sentencia histórica que reconoce que las personas nacidas en territorios de americanos tienen el mismo derecho a la ciudadanía que las personas nacidas en los 50 estados o el Distrito de Columbia. Este, a pesar de lo que quieran hacerle pensar aquellos que abogan por el Estado Libre Asociado y peor aún aquellos que promueven el ELA Soberano, es uno de los muchos riesgos de la colonia.
El demandante principal, John Fitisemanu, nació en American Samoa, un territorio de los Estados Unidos desde 1900. Durante los últimos 20 años, ha sido un residente de Utah pagando impuestos y portando su pasaporte estadounidense. Sin embargo, de acuerdo con una ley federal discriminatoria, se le etiqueta como “national, but not a citizen, of the United States”. En diciembre, un tribunal de distrito reconoció que es ciudadano estadounidense por nacimiento. Al día siguiente, el Sr. Fitisemanu se registró para votar. Pero debido a que el tribunal de distrito posteriormente suspendió la sentencia pendiente de apelación, el Sr. Fitisemanu, al igual que los puertorriqueños que residimos en la Isla, no podrá votar en noviembre a menos que el Décimo Circuito ratifique el fallo del tribunal de distrito.
Para aquellos que desconocen el detalle de la historia de Puerto Rico parece asombroso que más de 120 años después de que la bandera de los Estados Unidos comenzara a ondear por primera vez sobre nuestra Isla y otros territorios insulares, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos continúa argumentando que estos lugares no son parte de los Estados Unidos cuando se trata de la garantía de la Constitución de ciudadanía por nacimiento. Pero lo que es aún más impactante es que el Departamento de Justicia se basa en una serie de decisiones controvertidas y racistas del Tribunal Supremo que, este mismo verano, el propio Tribunal Supremo expresó que no deberían ampliarse de esta manera.
Son este tipo de riesgos, patentes y evidentes en el caso de Fitisemanu, los que electores deben aquilatar cuando el 3 de noviembre tengan ante si la oportunidad de decirle que Sí a la Estadidad. Es esta la única alternativa que garantiza la igualdad y la relación permanente de Puerto Rico con los Estados Unidos.
