En estas semanas y hasta el 3 de noviembre de 2020 el pueblo de Puerto Rico tendrá la oportunidad de ejercer su derecho al voto en un contexto sumamente difícil para nuestro archipiélago y tras un cuatrienio que ha dejado evidenciado las nefastas consecuencias de malas decisiones a la hora de escoger a quienes ocupan puestos electivos. Por décadas nuestro país ha sido dirigido por dos partidos principales cuyas políticas públicas y estilos de gobernanza nos han traído a la crisis actual. Por su parte, la realidad vivida durante los últimos años y los eventos recientes tanto a nivel local como en la política estadounidense ponen de manifiesto que son muchos los derechos que están en juego, particularmente para las mujeres y las comunidades LGBTTIQ+.
Durante este cuatrienio que está a punto de culminar fueron muchos los ataques, amenazas y menoscabos que experimentó la sociedad puertorriqueña. En el caso de los derechos de las mujeres y las comunidades LGBTTIQ+ hubo eventos muy puntuales y es momento de pasar factura.
Comenzamos el año 2017 con una nueva Secretaria de Educación que permitió que el Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, condicionara el aval de ese cuerpo legislativo a su confirmación a cambio de que se comprometiera a eliminar la carta circular sobre educación con perspectiva de género y otra sobre el reconocimiento de la identidad de género dentro de las escuelas del país. La violencia que sufren las mujeres y las personas de las comunidades LGBTTIQ+ y el recrudecimiento experimentado en tiempos recientes es producto, en gran medida, de la ausencia de un proceso educativo inclusivo y respetuoso de la equidad y que perpetúa el machismo, el patriarcado, la misoginia, y las lgbttiq fobias, entre otras conductas excluyentes.
Vimos cómo durante este cuatrienio se pretendió aprobar legislación para perpetuar el discrimen so color de la mal denominada libertad religiosa así como legitimar terapias de conversión que no son otra cosa que procesos de tortura para “corregir” las orientaciones sexuales no heterosexuales y las expresiones de género que se alejan de lo que ciertos sectores han pretendido que se imponga como la norma. De igual forma se intentó aprobar legislación para coartar el derecho de las mujeres y las personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos.
En este cuatrienio tuvimos que enfrentar un proyecto de revisión de Código Civil que amenaza contra derechos adquiridos y menoscaba protecciones que han sido el producto de luchas históricas de las mujeres y las comunidades LGBTTIQ+. También enfrentamos proyectos de denominada reforma educativa y de reforma laboral que han precarizado la ya difícil situación que enfrentan estos sectores vulnerabilizados de nuestra sociedad.
Por otro lado, con la muerte de la Jueza Asociada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, nos enfrentamos a la realidad de que hemos dependido demasiado de los derechos reconocidos por ese tribunal norteamericano y de la fragilidad de un estado de derecho que puede verse afectado con el nombramiento de una nueva jueza del ala conservadora para ocupar la vacante. Normativas jurisprudenciales relacionadas con los derechos sexuales y los derechos reproductivos, el derecho de las personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos, las leyes que criminalizan la sodomía y el matrimonio igualitario, las protecciones antidiscriminatorias, los servicios de salud, entre otros, pudieran ser eliminados o seriamente limitados. Ante la ausencia de un reconocimiento claro y contundente de tales derechos a nivel local, cualquier determinación adversa ante el Tribunal Supremo Federal, pudiera tener como resultado la pérdida de los mismos en nuestra jurisdicción.
Los ejemplos antes mencionados, que de ninguna forma pretender ser exhaustivos, demuestran la importancia que reviste el derecho al voto y la elección de personas comprometidas con la equidad, la inclusión y el respeto de los derechos humanos. Es este el momento de analizar cuidadosamente las posiciones y compromisos asumidos por quienes aspiran a ocupar puestos electivos, pasar factura contra quienes amenazaron nuestros derechos en el pasado e impedirle el paso a quienes constituyen una amenaza para el futuro.
Estamos ante una oportunidad histórica de cambiar el juego político que tanto daño nos ha ocasionado y de empezar a crear las condiciones para una nueva forma de gobernar que garantice una sociedad donde nadie se quede fuera.
