Algo no está funcionando. Solo basta mirar las cifras del COVID para concluir que, lejos de pensar que hemos ganado la batalla contra el coronavirus, lo cierto es que , si no caminamos con cuidado, podríamos fracasar. Y con el COVID, el fracaso se traduce en muertes.
Observe con detenimiento.
1. Hasta ayer 1,106 personas habían muerto en la isla por causa del COVID o sus complicaciones. De ese total, la mayor parte se han producido no en el comienzo de la pandemia sino durante los meses de agosto, septiembre y octubre.
2. Las hospitalizaciones por COVID-19 se mantienen en número alto. Más alto que el que se registró en el comienzo de la crisis. Hasta el lunes, 622 personas permanecían hospitalizadas por esa enfermedad. De esas, 99 permanecían en las unidades de intensivo y 84 estaban conectadas a ventiladores.
3. Tal y como me confirmó la pasada semana un portavoz de la industria de los laboratorios clínicos, Puerto Rico ya ha alcanzado el punto en el que las pruebas moleculares disponibles son inferiores a la demanda.
4. El personal médico, los técnicos de terapia respiratoria y las enfermeras y enfermeros llevan semanas advirtiendo que están agotados, que los hospitales necesitan personal adicional y que la gerencia de esos hospitales se niega a contratar más a pesar de haber recibido millonarios incentivos económicos.
La lista sigue. Pero no es preciso seguir enumerando contratiempos para concluir que lo que estamos haciendo (o dejando de hacer) para frenar el avance del covid es insuficiente. En mi caso, me resulta evidente que el cierre total de la actividad económica del país no puede ser la única estrategia que funcione. Así que quizá conviene comenzar a mirar qué se ha hecho en las jurisdicciones que han tenido éxito contra esta pandemia. Según la prensa internacional, países como Nueva Zelanda o Islandia lograron frenar las primeras oleadas de COVID19 restringiendo sus visitantes. Es evidente que en Puerto Rico una medida como esa no es autoejecutable y depende de decisiones del Gobierno de Estados Unidos sobre el espacio aéreo. Sin embargo, lo que sí puede estar en nuestras manos es apretar las medidas de cumplimiento, sobre todo aquellas que duelan en el bolsillo tanto a visitantes como a locales. Mire usted el caso de Nueva York. Allí, ante el alza en los casos, el estado ha apostado a multas más altas como disuasivo. Por ejemplo, la Autoridad Portuaria ha comenzado a multar a las personas que no usan sus mascarillas por la razón que sea, dentro de sus estaciones de tren y vehículos. También en NY se han establecido multas aún más altas en las zonas de mayores cifras de contagio. En ellas, las multas son de hasta $1,000 por negarse a usar la mascarilla y de $15,000 por establecimientos que violen las normas, incluyendo iglesias o comunidades religiosas (en las zonas de mayores casos reportados) que rompan la norma de reuniones que no excedan las 10 personas. En España, tras haberse decretado un nuevo estado de alarma en octubre, se comenzaron a imponer multas de hasta $650 mil en casos graves y entre $150 y $750 en casos donde las violaciones son consideradas leves.
Otras jurisdicciones que lograron éxito en frenar oleadas iniciales, como Taiwan o Alemania, apostaron a la realización de pruebas masivas. Muchas pruebas. Montones de pruebas. Y, junto a ellas, un bien montado operativo de rastreo de contactos. Nada distinto a lo recomendado desde el comienzo por la Organización Mundial de la Salud.
Pero, además de mirar qué ha funcionado y decidir ponerlo en práctica a nivel local, probablemente el principal freno es el cumplimiento. Y en ello, coinciden los epidemiólogos, está nuestro gran talón de aquiles. Porque no importa lo que diga la orden ejecutiva, si lo dicho se queda solo en el papel en que está escrito entonces el disuasivo corre el riesgo de tornarse en un chiste poco productivo. Probablemente, para hacer cumplir la orden (en cualquiera de sus versiones) será preciso tener personal que la haga cumplir. Salud a penas tiene personal. Lo mismo pasa con la Policía. Ante ese cuadro, tal vez convenga considerar la contratación temporera (tal vez el destaque por vía de la tan cacareada Ley del Empleador único) de personal que fiscalice el cumplimiento. Porque las normas, a fin de cuentas, no se cumplen solas. Sea cual sea la estrategia, ya han advertido los epidemiólogos que si lo que se busca es frenar los contagios, debe ser implementada de inmediato. Ojalá no se nos haga tarde.
