La historia de Doña Goyita llegó a mi atención hace poco más de una semana. De inmediato, los elementos del caso me dejaron claro que era una historia que debía ser contada porque parecía ser otro más de esos inexplicables callejones sin salida en donde el sentido común queda sepultado en un escritorio lleno de papeles, reglamentos y procesos administrativos. En donde la cordura cede ante la burocracia administrativa y, entonces, los procesos que se supone han sido creados para dar coherencia a la gestión pública se convierten en papeles inservibles.
Hablo del caso de doña Gregoria, una mujer de 90 años que ha ocupado durante los pasados 12 meses un apartamento que ubica en el primer piso del residencial Luis Llorens Torres. Ella no es la inquilina, y eso está estipulado. En cambio, se le adjudicó un apartamento en el tercer piso de un edificio contiguo. Pero dona Goyita se “mudó” al que ahora es su lugar de residencia para poder cuidar de su hija enferma quien, precisamente hace un año, murió. Esa muerte es solo una de las calamidades que la mujer ha tenido que enfrentar en este último año. Al fallecimiento de su hija, añada varios contratiempos de salud, entre ellos un derrame cerebral que le ha dejado postrada en una cama con todo su lado izquierdo sin movimiento.
Así que quedarse donde está –y donde estuvo por un año cuidando de su hija- no es solo la opción lógica sino la única a la mano. Entre otras cosas porque el apartamento que ocupaba su hija no tiene inquilino asignado. Además, y tal vez aun más importante, porque la casa ya fue habilitada por la propia administración del residencial (una compañía privada) con rampa, barandal y una entrada para personas con impedimentos que hace mucho más sencilla la atención de la mujer. Pero esa lógica no hace sentido ni para la compañía privatizadora ni para Vivienda Pública. Para ambas hay que aferrarse al reglamento. Y ese dice que hay que acudir al tribunal para desahuciarla. También que aunque no puede moverse (asunto fácil de confirmar con un simple gestión) debe presentarse a una vista para atender ese desahucio. Esa lógica pretende ser práctica cuando pide a la familia de la mujer que solicite un acomodo razonable para permanecer en ese o algún otro apartamento en un primer piso. Ah, pero antes –viva la lógica- la mujer debe mudarse al apartamento que le fue asignado en un tercer piso. Una vez mudada, vaya usted a saber cómo, Doña Goyita podrá solicitar que se le asigne el apartamento de donde habría acabado de mudarse. La lógica de las lógicas, ¿no le parece? Vivo en el apartamento “A”. Quiero permanecer en el apartamento “A”. Pero para quedarme en el apartamento “A” debo primero mudarme –con 90 años y un lado de mi cuerpo inmóvil- al apartamento “B” que ubica en un tercer piso. Una vez en el “B” podrían autorizarme a mudarme al “A”. ¡La burocracia en su máxima y más absurda expresión!
Pero el problema es que el absurdo nos enreda en más ocasiones de las que sería razonable. Son constantes los casos de personas cuyas circunstancias hablan por sí solas sobre las acciones requeridas, pero lo dicho no entra en los oídos de las agencias llamadas a ser pragmáticas y eficientes. Esperar a la denuncia pública para actuar de manera lógica, es la ausencia de toda lógica. Primero porque lo correcto lo es con o sin cámaras de televisión.
Segundo, porque ninguna agencia de Gobierno o compañía privada gana prestigio o historial de eficiencia haciendo lo correcto solo movida por la presión pública que una pieza periodística genera. Solo confirma lo que es una premisa irrebatible ante los ojos de miles de ciudadanos. Que el Gobierno es un ente anquilosado, en ocasiones insensible, muchas veces obsoleto, casi siempre lento y, en la mayor parte de los casos ineficiente. Y ese, señores, es uno de nuestros grandes problemas irresueltos. Goyitas hay muchas. Son muchas las “Goyitas”. Solo que no las conocemos.
