La semana pasada el país recordaba que precisamente hace un año un terremoto de grandes proporciones sacudió el Sur del país. Para muchos recordar lo ocurrido era innecesario. Yo mismo contesté algunos comentarios de más de un cibernauta para quien hablar del tema de los terremotos era un ejercicio innecesario. “¿A quién le importa?” cuestionaba alguno. “Pasen la página” sugería otros con la convicción de aquel para quien su vida marcha en orden. Pero esas exhortaciones a hacernos de la vista larga desde la comodidad de la vida fuera del Sur no solo me parecieron insensibles, sino poco empáticas ante la realidad de decenas de familias. Al final preferí pensar que quienes hacían un llamado a no hablar del tema lo hacían porque a fin de cuentas habían dejado de mirar al Sur justo hace un año. Cualquiera que mire sabrá que allí hay muy poco que mirar. El lunes, en medio de una entrevista en Radio Isla, un líder comunitario lanzó una frase que parecía imposible para muchos pero que evidenciaba el nivel de desamparo que se vive en las calles de muchos sectores de los municipios afectados por los terremotos. En el Sur todavía hay gente que vive en casetas”afirmaba. Y así es. Porque aunque inicialmente hubo múltiples promesas, pocas fueron cumplidas. A los afectados se les prometió acceso a un inventario de casas disponibles a ser identificado por la Asociación de Realtors. El inventario disponible podía contarse con el puño de una mano. También se les prometió una ayuda equivalente a $50 mil por familia afectada que saldrían de un fondo local. Äun los estamos esperando” me dijo hace unas semanas el alcalde de Peñuelas. FEMA también soltó su buena racha de promesas de asistencia. Pero a un año de lo ocurrido allí no ha ocurrido nada. Y eso ha provocado que muchas de las personas cuyas casas fueron marcadas con aquella equis roja que les calificaba de inhabitables, han decidido regresar, realizar algunos arreglos y volver a ocupar las casas que -aunque dañadas- son su único hogar disponible. Ese regreso, según Víctor Huérfano, director de la Red Sísmica de Puerto Rico, puede colocar a esas familias en riesgo y, por ello, hizo un llamado al Gobierno a intervenir cuanto antes.
Pero además de la asistencia para ayuda a los afectados, en el Sur la Educación está en el limbo. Recuerdo cómo el 28 de enero del año pasado, el exsecretario de Educación, Eligio Hernández, me afirmaba en entrevista radial que los niños del Sur no perderían su semestre y que se trabajaba con los alcaldes para identificar espacios para retomar las clases presenciales. Hoy, el estatus de esa gestión sigue siendo el mismo. Elba Aponte, la designada Secretaria de Educación, me afirmaba precisamente eso: que se trabajaba con los alcaldes para identificar espacios alternativos para retomar las clases. Entonces, ¿qué pasó con las gestiones hechas para precisamente lo mismo hace un año? A eso súmele que a estas alturas no existe una fecha para comenzar a reparar o demoler las escuelas afectadas por los terremotos y que nadie puede explicar a ciencia cierta cuál es el problema. Como si, muy en el fondo, nadie realmente tuviera la respuesta. Y así, la discusión sigue, pero la recuperación para el Sur no comienza. ¿Cuándo le ponemos el cascabel al gato?
