A mayor grado de emergencia, mayor flujo de información merece el pueblo de Puerto Rico. El momento para que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, haga públicas sus reuniones con la Coalición Científica y demás grupos involucrados en crear su política pública es ahora. ¿La razón? Aquí va un ejemplo:
“La Coalición Científica de Puerto Rico es un grupo de trabajo compuesto por científicos de diversas disciplinas nombrada por el gobernador para dar recomendaciones de cómo atender la pandemia del COVID-19 en nuestra Isla”, lee la introducción de su página web, información que induce a error de varias formas.
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En primer lugar, esta Coalición no fue nombrada en propiedad por el gobernador en funciones, pues se trató de una designación anunciada el 15 de noviembre del 2020 por Pedro Pierluisi Urrutia tras ser electo pero sin haber juramentado. Tampoco existe una orden ejecutiva para institucionalizar este comité asesor ni mucho menos acciones legislativas a esos efectos.
Segundo, la intervención que fue delegada a este grupo de profesionales no se limita a brindar recomendaciones como aducen en su biografía introductoria.
“Desde antes de comenzar mi mandato como gobernador creé una Coalición Científica para recibir su consejo y pericia y así poder asegurar que los datos científicos siempre informan las decisiones que tengo que tomar para el bien de Puerto Rico, y que nuestro sistema de salud y de respuesta a emergencias salubristas está preparado para manejar esta y cualquier otra pandemia que venga más adelante”, aseguró el gobernador en su primer Mensaje de Situación de Estado el pasado 7 de abril.
“Servimos como asesores, pero no podemos hacer nosotros las órdenes ejecutivas”, sostuvo el presidente de la Coalición Científica, el doctor Daniel Colón Ramos, al Centro de Periodismo Investigativo, quien catalogó como engañoso las expresiones de Pierluisi Urrutia en su mensaje sobre el propósito detrás de la creación del grupo.
Pedro Pierluisi: “Creé una Coalición Científica para recibir su consejo y pericia y así poder asegurar que los datos científicos siempre informan las decisiones que tengo que tomar”.
Nadie puede poner en duda el compromiso genuino que la Coalición Científica mantiene a pesar de los choques públicos y no tan publicitados que han tenido con el primer ejecutivo. No podemos decir lo mismo de otros grupos. El país sabe que la presión que enfrentan los científicos en estos momentos es monumental. No se presten para esta pocavergüenza.
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En tercer lugar, algunos miembros de la Coalición Científica han enfatizado que el grupo de trabajo no es un ente gubernamental para establecer con meridiana claridad que su labor no crea política pública salubrista. Sin embargo, el gobernador ha asegurado a la saciedad que los datos que estos asesores producen están íntimamente ligados a las determinaciones que realiza. ¿Quién no nos dice la verdad?
Lo que parece desconocer los científicos que conforman este grupo es que sus acciones podrían estar sujetas al escrutinio público bajo la doctrina de Acción de Estado. Esta doctrina establece que una persona o entidad privada puede ser considerada como gestor gubernamental no solo cuando actúa en conjunto, como agente o instrumento del gobernador o jefes de agencia, sino cuando cuenta con su asistencia significativa.
Indudablemente, tanto la Coalición Científica como otros grupos que representan diferentes sectores gozan del aval sustancial de Pierluisi Urrutia, por lo que estos asesores pudieran estar sujetos a todas las normas de transparencia aplicables por disposición constitucional, las cuales han sido recogidas tanto en órdenes ejecutivas y varias piezas legislativas vigentes.
Estas aclaraciones pudieran resultarnos insignificantes, pues hoy por hoy el trabajo que ha realizado el grupo de científicos encabezado por el doctor Colón Ramos goza de nuestra complaciencia. Sin embargo, son muy pocos los que alertan públicamente sobre el peligro de la existencia de este u otros grupos privados de asesoría gubernamental a la hora de fiscalizar la labor del Estado en el periodo más critico que Puerto Rico enfrenta durante esta pandemia.
La exigencia de un alto grado de transparencia y rendición de cuentas durante la declaración de emergencia más extensa en la historia moderna de Puerto Rico se encuentra bajo ataque. De forma involuntaria, la Coalición Científica se ha convertido en un ente apadrinado por el Estado que solo les sirve para esconder la incompetencia de todas las instituciones públicas llamadas a responder de forma ordenada y coherente ante este virus que hasta hoy ha cobrado la vida de 3 millones de personas a nivel mundial.
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