Consideramos relevante en estos tiempos que corren, realizar una reflexión de la resolución del
Tribunal Supremo de Puerto Rico que denegó el pedido del Overseas Press Club (OPC) para que se liberaran la totalidad de las grabaciones de las audiencias celebradas en el caso de Andrea Cristina Ruiz Costas, quien intentara recibir protección por parte de
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las autoridades judiciales luego que su ex pareja, Miguel Ocasio, la sometiera a un patrón de violencia psicológica y hostigamiento. Ocasio la asesinó a poco más de un mes de que la jueza interviniente no hiciera lugar a su desesperada petición.
Tenemos que entender que el Poder Judicial es un poder público del Estado, y que aquellos que lo integran
son servidores a disposición de los justiciables que recurrimos a ellos en procura de respuestas para regular nuestras vidas en sociedad.
Hay varias características que deben poseer los jueces, especialmente aquellos con competencia en cuestiones
que impliquen la protección de los derechos de los más vulnerables de la sociedad: niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y las mujeres.
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Estas características, que hacen a buenas prácticas de la judicatura son: conocimiento jurídico-técnico
amplio y específico de la materia en la que intervendrá; características éticas comprobadas; experiencia organizacional; protagonismo cuando se encuentran en juego derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud, y a la dignidad; y además, en temas de “violencia de género”, se les exige respuestas rápidas y una ponderación de los derechos con valentía y coherencia en sus decisiones.
Nada de esto sucedió en el tratamiento del caso de Andrea Ruiz. Por el contrario, el “sistema” se apartó
de todos los principios de la buena práctica judicial internacional para convertirse directamente en un arma contra ella. Es claro que, al haber sido desestimado el caso de la forma en que la jueza Ingrid Alvarado lo hizo —todas
pudimos escuchar cómo despachó a Andrea de manera displicente y desinteresada— empoderó a su
feminicida otorgándole el poder de la impunidad y la sensación de protección del sistema. Alvarado tampoco realizó una ponderación de los derechos en juego (el derecho a la vida de Andrea por sobre el derecho de su acosador, luego feminicida).
El caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico toca otro costado. Como poder público del Estado, los tribunales
—inclusive aquellos de instancias superiores— están obligados a mostrar cómo se desempeñan. Es decir, quienes lideran los destinos de todos aquellos sometidos a su jurisdicción tenemos derecho a interpelar, exigir respuestas y conocer quiénes son aquellos
jueces que se sientan en las sillas del privilegio para decidir sobre nuestras vidas y con qué idoneidad lo hacen. Sin embargo, nuevamente se comportan corporativamente —como si fuesen una empresa privada— para protegerse entre ellos mismos por las falencias que han demostrado.
¿Y por qué sucede todo esto? La respuesta es clara: EL PODER JUDICIAL ES EL PODER DEL ESTADO MENOS DEMOCRÁTICO. Es el único poder que vive al margen del sistema republicano de gobierno que legitima mediante los votos su actuación. Sumado a esto, es una estructura patriarcal y machista, como muestra el caso de Andrea, en que se la juzgó a ella, y no a su feminicida.
Entonces; ¿no sería necesario hablar de una reforma judicial? ¿Se incomodarían mucho si pretendiéramos una reforma con perspectiva de género a fin de que sea requisito que quienes la integren garanticen igualdad y protección para todos? ¿Cuantas más mujeres tenemos que enterrar para que los jueces —y procuradores— tengan que explicar su comportamiento ante la sociedad y salir del escondite que le otorgan sus privilegios?
Una reforma judicial de estas características permitiría transformar el sistema judicial para que pueda actuar debidamente ANTES, DURANTE Y DESPUÉS de la violencia. Pondría en jaque a sus operadores, que hoy funcionan desde una estructura sexista y machista, que resulta muy peligrosa por cuanto es ese mismo poder el que debería ser garante de nuestros derechos.
Instalar el debate es el primer paso; luego ver más allá, propiciando una composición menos clasista,
con integración de todos los estamentos que integran nuestra sociedad. Estos son debates que se están llevando a cabo en otros países de Latinoamérica y ¿por qué NO en Puerto Rico?
Creemos que es posible si lo planteamos juntos. Soñamos una reforma judicial con perspectiva de género en la isla, NOS QUEREMOS VIVAS Y PROTEGIDAS. #niunamas #ni una menos #8M #bastadeviolenciadegenero #bastadefeminicidios #reformajudicial feminista #democratizaciondelpoderjudicial
Wanda San Miguel, abogada, magister en derecho, profesora universitaria, cocreadora del podcast de educación en género y feminismo: Evas y Brujas.
Sylvia Syvel Batista, magister en Historia, cocreadora del podcast de educación en género y feminismo: Evas y Brujas.
