A una semana de que la compañía LUMA tome el control de la Autoridad de Energía Eléctrica, el debate se ha tornado álgido. El ambiente, tenso. Para los empleados -en algunos casos atados por décadas a la corporación- se trata de un momento de duelo e incertidumbre.
Para los abonados hay panoramas diversos. Por una parte, hay celebración entre quienes abrazan sin condiciones la llegada de LUMA por entender que su arribo será la salvación. La llegada definitiva de un servicio de excelencia luego de años de servicio deficiente. Para otros han aflorado los miedos. Yo me confieso en ese segundo grupo. Y es que aunque hay inconformidad con el servicio que ha ofrecido la corporación (¿quién puede estar satisfecho con la actual AEE?), existen demasiadas banderas de alerta sobre el contrato firmado por el Gobierno. Porque es preciso dejar claro que aunque el país aspire a un mejor servicio eléctrico, no debe conformarse con cualquier contrato.
En el ánimo de formar una opinión educada sobre el tema, quise en estos días leer las ponencias de los grupos y organizaciones que presentaron sus ponencias ante la Legislatura en las vistas públicas sobre el contrato de LUMA. ¿El hallazgo? Ninguna entidad respetada avaló la continuidad del contrato tal y como está firmado. Ninguna. Cero. Y eso incluye entidades de todo tipo. Sí, la UTIER es una de ellas. Probablemente la más vocal. Pero no quiero hablar de la oposición obvia. Hablemos de lo que han advertido peritos del mundo industrial, económico y energético quienes dejaron sus opiniones consignadas ante la Legislatura.
La primera de ellas es el Centro Para la Nueva Economía que, en su ponencia, deja claro que sus reparos no son el equivalente a pensar que tenemos que conformarnos con la actual AEE. Si bien el servicio de la corporación es malo, el contrato con LUMA también, según concluyen.
“La realidad objetiva es que la AEE es un desastre en todos los sentidos de la palabra y el
acuerdo con LUMA Energy es deficiente. Ambas cosas son ciertas” dice en el arranque de su ponencia esa entidad para luego enumerar sus reparos.
1.”Nos preocupa que el gobierno de Puerto Rico aparenta
carecer de la capacidad necesaria para negociar y gestionar con éxito este tipo de
proceso complejo de múltiples niveles”
2. El contrato “no asigna de manera equitativa los riesgos entre las partes”. Y recomienda: “”el curso de acción más prudente en este momento es renegociar el Acuerdo de O&M con LUMA para asignar y equilibrar mejor los riesgos entre las partes”.
3. “La participación directa del Operador, o cualquiera de sus
afiliadas, en licitaciones de mejoras de capital sería una transacción entre partes
relacionadas y dichas transacciones son propensas a generar oportunidades de
cacería de rentas.”
Pero el Centro no está solo. El Institute for Energy Economics and Financial Analysis ha cuestionado la razón por la que la Junta Fiscal “empuja de manera agresiva” el contrato. “Why is the Financial Oversight and Management Board (FOMB) of Puerto Rico aggressively pushing a grid privatization contract that threatens to destroy the one asset the electrical system has—its workforce—while raising costs for the bankrupt island government?”, cuestiona, para luego afirmar que la movida de contratar a LUMA y mantener a los empleados de la AEE en nómina ïncrementará los gastos de Puerto Rico $200 millones adicionales por año”
El Colegio de Ingenieros también entiende que es un mal contrato. “Recomendamos se revise el Contrato para establecer una distribución más balanceada , entre el dueño y el operador y así reducir los riesgos que ha asumido la AEE y por ende el pueblo de Puerto Rico” dice la entidad en su ponencia sobre el contrato. Pero dice más. “”Deben fijarse penalidades serias por incumplimiento de la entidad contratada, así como medidas que garanticen la transparencia
del proceso de adjudicación de proyectos, y el desarrollo de empresas locales que provean
servicios al sistema eléctrico moderno, reconstruido con fondos FEMA y CDBG.”
A los reparos del CNE, Ingenieros y la IEEFA se suman los testimonios de CPAs, el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad y un largo etcétera. Entonces, si todo el mundo dice que el contrato no es bueno y debe ser renovado, ¿por qué debemos concluir que el contrato es bueno? ¿Bajo qué premisas? ¿Con qué argumentos? Ojo con dejarnos cegar por el interés -válido y adecuadamente fundamentado- de renovar la Autoridad y mejorar sus servicios. Esa meta no debe llevarnos a conformarnos con lo primero que se nos pare de frente. Según una larga lista de expertos, podríamos tener que lamentarlo.
