El lunes se hizo historia. Las dos principales organizaciones periodísticas del país, el Overseas Press Club y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico anunciaron que han unido esfuerzos para crear el grupo “Alianza por la transparencia”. Y lo hacen impulsados, inicialmente, por la negativa del Tribunal Supremo de hacer públicos los audios de las dos vistas en las que Andrea Ruiz Costas solicitó y no obtuvo ayuda de los tribunales para evitar lo que eventualmente ocurrió: que fue asesinada.
El Supremo, al menos desde una mayoría compuesta por los jueces Rafael Martínez Torres, Mildred Pabón Charneco, Eric Kolthoff , Edgardo Rivera García y Roberto Feliberti Cintrón han decidido en múltiples ocasiones que no harán públicos los audios. Una posición mayoritaria pero contraria a la expresada por la jueza presidenta Maite Oronoz y los jueces asociados Luis Estrella y Ángel Colon Perez, quienes no mostraron reparos con que los audios se hicieran públicos. Por aquellos días en los que el audio en voz de la propia Andrea se hizo público, la indignación del país estaba cerca de un punto de ebullición. Una situación que solo se exacerbó con las reiteradas negativas del máximo foro judicial de entregar las grabaciones. La molestia incluso llegaba desde el interior de la Rama Judicial. Pocos entienden -y muchos menos se atrevían a defender- aquel argumento que solo enarbolaban los jueces asociados antes mencionados y la procuradora de las mujeres, Lersy Boria. Pero la Rama Judicial tuvo suerte (o alguien les hizo el favor). La filtración de lo ocurrido en una de las dos vistas hizo olvidar la solicitud levantada ante el tribunal para su liberación. Muchos incluso creyeron que la grabación de lo ocurrido en la sala de la jueza Ingrid Alvarado era la única. Pocos mostraron interés en la grabación de lo ocurrido en la sala de la jueza Sonya Nieves, ante quien Andrea solicitó y no obtuvo una orden de protección. Pero la familia y las organizaciones periodísticas no olvidaron que para poder hablar de transparencia en este caso aún hay mucho que sacar a la luz del sol.
Para la mayoría del Tribunal, hacer públicas las grabaciones sería revictimizar a Andrea. Para el resto de los jueces y para la opinión pública, pero, sobretodo y más importante, para la familia de la joven, ese argumento es, cuando menos, desconectado del sentido común, pero más que eso y según expertos de la talla de Efrén Rivera y Carlos Gorrín, alejado del espíritu y texto de la Ley. Sí, los casos de Ley 54 cuentan con un elemento de “secretividad”. Pero, según explicaron, esa secretividad descansa primordialmente en la necesidad de no revelar la identidad de la víctima. En el caso de Andrea, el desenlace y las revelaciones levantadas tras su deceso en su propia voz y en las de sus familiares, hacen innecesaria e improcedente esa secretividad. Todo el país sabe que se llama Andrea y todos saben que fue asesinada por el hombre del que quiso protegerse.
Pero la mayoría del Supremo ha dicho que no. Y ante los ojos de muchos ha levantado un “no” como esos del padre regañón. Casi un no, “porque no” no no convence sino que irrita. Que hace que se levanten sospechas y se levanten banderas. Para la familia esa intransigencia es el equivalente a un mecanismo de autoprotección.
Por eso la “Alianza por la transparencia” ha apostado a que si el máximo foro judicial del país no ha sido capaz de levantar la cortina de secretividad que rodea el caso, entonces deberá ser el Tribunal Supremo de los Estados Unidos quien intervenga para garantizar más de un derecho. Primero, el del país a que se hagan públicos casos sobre procesos públicos. Segundo, el derecho de la familia a conocer qué falló en el proceso y, como consecuencia, identificar líneas de acción para evitar que una situación como esta vuelva a ocurrir. Y tercero, el derecho de todos a saber la verdad. El de conseguir que la transparencia de la que tanto se habla sea finalmente un hecho tangible, sobre todo al tratarse de una rama de Gobierno que históricamente ha hecho poco por proyectarse como un brazo de la oficialidad accesible y abierto a la autocrítica necesaria para corregir sus propios errores.
Lo irónico de este caso es que, de darse el caso que el Supremo federal acoja el pleito y falle a favor de la liberación de las grabaciones, el máximo foro judicial emergería lastimado. Regañado y con un enorme déficit de confianza ciudadana. Y eso, indudablemente, sería el peor de los escenarios. Pero ha sido el escogido. Tan sencillo que habría sido atender el reclamo de la familia. El camino de la secretividad tendrá sus consecuencias. Dentro o fuera de los tribunales. Que no quepa la duda.
