La controversia en los predios del condominio Sol y Playa, en Rincón, ha dejado al descubierto varias cosas. Primero, ha quedado evidenciado (en vistas públicas realizadas por la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes) el conflicto de interés por parte del doctor Idelfonso Ruiz, quien aceleró el proceso y emitió cambios y sugerencias a la evaluación ambiental mientras se desempeñó como Gerente de Medioambiente de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Ruiz relevó de sus responsabilidades a un empleado de esta agencia para asumir injerencia directa sobre el caso del condominio, mientras mantenía vínculos profesionales con Ángel Román Mas, consultor ambiental de Sol y Playa. Unas 24 horas después de la vista pública, las revelaciones provocaron la renuncia de Ruiz a su posición en OGPE.
En segundo lugar, el manejo de este caso por Rafael Machargo, secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), ha sido altamente cuestionable. Machargo emitió una orden de cese y desista de los trabajos de construcción, pero horas más tarde contradijo su propia orden para permitir los trabajos dentro de los límites de la verja temporera del proyecto. Para colmo, el DRNA obvió un informe que tuvo ante su consideración en donde una oficial examinadora recomendaba paralizar la construcción de las instalaciones recreativas por afectar el hábitat de los careyes. Sus decisiones han sido tardías y en contra de la evaluación de los propios funcionarios del DRNA.
No tengo duda de que las actuaciones de Machargo en este caso han levantado una gran desconfianza en su gestión. Esa desconfianza, y el manejo dudoso de este caso hace inevitable su renuncia o destitución del cargo. El secretario ha incumplido con su deber constitucional de vigilar y conservar las aguas territoriales, los terrenos sumergidos bajo ellas y la zona marítimo terrestre, así como la preservación de las especies en peligro de extinción en Puerto Rico. No solo Machargo tiene responsabilidad en esta situación: el gobernador Pierluisi ha brillado por su ausencia en un asunto de alto interés público como lo es la protección de nuestros recursos naturales. Paralizar esta construcción para reevaluar el nuevo escenario ambiental existente producirá una solución justa para proteger los bienes de dominio público al tiempo que se garantiza el disfrute a la propiedad privada. Ese balance es medular para cumplir con la obligación moral de proteger nuestros recursos naturales.
