A principios de este mes, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se negó a dejar sin efecto una ley de Texas que penaliza el aborto después de la sexta semana de embarazo. Dicha ley incentiva a los ciudadanos privados a demandar a cualquier persona involucrada en la interrupción de un embarazo, desde el médico hasta la paciente y el conductor de Uber o Lyft que la transporte a la clínica. Este fallo confirmó lo que muchos de nosotros temíamos: el Tribunal Supremo ya no protegerá a los ciudadanos de los gobiernos estatales y locales que intentan restringir la autonomía corporal, eliminando el derecho a elegir.
Este fallo afecta a todos, no solo en Texas, sino también en toda la nación, ya que más estados buscan adoptar leyes draconianas que restringen el acceso a la atención médica. Pero el mayor impacto será sin duda alguna en las personas de escasos ingresos y otros grupos marginados que buscan un aborto, por la razón que sea.
El aborto ha estado y siempre estará disponible para los que tienen los medios para pagarlo. Antes de que Roe vs. Wade legalizara el aborto en toda la nación, las personas con capacidad económica podían viajar a un estado como Nueva York donde el aborto era legal o encontrar un médico dispuesto a realizarlo ilegalmente por una tarifa elevada. De hecho, hoy día, una paciente con capacidad económica en Texas que busca un aborto solo necesitaría cruzar a Nuevo México para acceder al procedimiento. Puede requerir uno o dos días libres, pero para muchos es un pequeño precio a pagar por recibir atención esencial.
Las personas de escasos recursos nunca tuvieron, y continúan careciendo de, estas opciones. Tomar un día libre en el trabajo puede ser imposible si pone en riesgo su empleo o pone en juego el ingreso con el que se pagan gastos esenciales como el alquiler. Un viaje a través de las fronteras estatales simplemente no es viable si no se tiene un automóvil o no se puede pagar un boleto de tren o autobús. Esto va al tuétano de lo que son las disparidades de acceso a la salud en los Estados Unidos: el tratamiento de la salud está fácilmente disponible para quienes tienen los medios, pero a menudo están fuera del alcance de quienes no los tienen.
La ley antiaborto de Texas es, en cierto sentido, una nueva estrategia en el antiguo ataque a la salud reproductiva. Envalentonados por el reciente fallo del Tribunal Supremo, muchos estados con funcionarios electos regresivos están tratando de replicar esta ley, negándole a las personas en toda la nación su derecho a elegir. El Tribunal Supremo ya tiene casos ante su consideración que podrían eliminar por completo la doctrina de Roe v. Wade. Si bien el Departamento de Justicia ha tomado medidas para intentar bloquear la aplicación de la ley de Texas, indudablemente queda una larga lucha por delante. Debemos continuar nuestro trabajo abogando en contra de estas leyes que, a pesar de estar redactadas en el lenguaje que pretende proyectar que velan por la “salud de la mujer”, pondrán en peligro a las pacientes, en lugar de protegerlas.
Con la ley de Texas en vigor, nuevos datos sugieren que el aborto ahora es casi imposible para una de cada 10 mujeres estadounidenses en edad reproductiva. Esta estadística es aterradora y subraya el porqué debemos levantar nuestras voces en contra de esta y otras leyes futuras que restrinjan el derecho a elegir. Mientras luchamos, también debemos tener en cuenta a los que están en la primera línea de esta batalla: personas de bajos ingresos y marginadas. Todos, sin importar sus ingresos, raza o identidad de género, merecen acceso a estos servicios de salud sin traba alguna.
