La semana pasada se aprobó el PC 1003, el cual daría la autorización al Gobierno de Puerto Rico, por vía legislativa, para hacer una nueva emisión de bonos. Esta emisión sería la última pieza del rompecabezas fiscal que completaría la puesta en vigor del Plan de Ajuste Fiscal (PDA) en el proceso de quiebra.
Lejos de entrar en una discusión sobre la opinión de cada cual, voy a establecer—también para la historia— las razones por las cuales emití mi voto en contra.
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Esta emisión de bonos les asegura a los bonistas $7 mil millones en efectivo como adelanto, además de los 7 mil millones de la emisión de bonos que se aprobaría con el proyecto. Esta “nueva” deuda se suma a un nuevo tipo de deuda que se crea en el PDA llamada “Instrumento de Valor Contingente” (IVC) que asciende a casi 8 billones adicionales. Esto significa que aunque el PDA reduce la deuda del país de 35 billones a 7 billones, no podemos dejar afuera los 15 billones que representan la emisión de bonos y los IVC, lo que asciende a $22 billones entre deuda “nueva” y reestructurada a pagar hasta el 2050.
Pero eso no es todo, esa deuda tendría prioridad al momento de que el gobierno aumente sus recaudos, por lo que esos ingresos irían primero a los bonistas y no a los servicios básicos como educación, salud, seguridad, desarrollo económico y hasta las pensiones. Otro dato importante es que a esta “nueva” deuda hay que añadir a COFINA, deuda que asciende a 17,600 millones por hasta 40 años, deuda a la cual le recortaron solo el 8 por ciento (menos que el recorte propuesto a las pensiones).
Cuando miramos esa cantidad de deuda pública, y lo contrastamos con el envejecimiento de la población, la emigración, la baja natalidad y los pocos mecanismos de desarrollo económico disponibles, Puerto Rico enfrenta un riesgo real de no poder pagarla y tener que pasar por una segunda quiebra. Ese cuadro, devastador para los puertorriqueños, nos expone nuevamente a recortes, impuestos y más contracción económica. En este caso, la soga partirá nuevamente por lo más fino, la gente, y no le da ninguna garantía al país a cambio de bonos asegurados por 30 años. Más aún cuando de los 1,100 millones al pago de la deuda, 600 millones van a COFINA y 500 millones para el resto de las obligaciones.
Sobre las pensiones, ya conocen mi posición de rechazar recortes adicionales y la intención del PDA de no reconocer ajustes por costo de vida a los retirados. Lo correcto sería, además de evaluar la sostenibilidad del PDA, requerir enmiendas al mismo antes de aprobar cualquier legislación. No estoy dispuesto a darle un cheque en blanco a la Junta. Esa fue mi posición y la sostengo.
