Opinión de Jesús Manuel Ortiz: Una niñez que pide ayuda

El pasado viernes, la Comisión de Gobierno que presido celebró una vista pública para investigar el funcionamiento del Departamento de la Familia con relación a los casos de maltrato a menores reportados. En ella depuso la propia secretaria del Departamento y sus dependencias, la presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social y la presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, que agrupa a técnicos, trabajadores sociales y profesionales. La información vertida por los deponentes confirmó el cuadro alarmante que se anticipaba y sobre el que tenemos que reflexionar a la hora de asignar recursos para garantizar una buena calidad de vida para todos. Según la propia secretaria de la Familia, en lo que va del año hay 12,110 referidos de maltrato de menores, un incremento del 23 % comparado con el año pasado. Actualmente, el país cuenta con solo 892 trabajadores sociales para todo Puerto Rico, los cuales tienen asignados entre 30-40 casos cada uno. Lo recomendable, según expertos, es que cada trabajador social tenga asignado hasta un máximo de 10 casos. Del total de casos referidos de peligro inminente recibidos (los cuales tienen que ser atendidos en 48 horas), Familia informó que solo logran atender dentro de ese periodo cerca del 50 % de los casos. Esto significa que en la mitad de los casos de maltrato infantil donde la situación de peligro para el menor es inminente se da la llamada, pero la respuesta o llega tarde o nunca llega. Para que el país cuente con un servicio eficiente y de calidad, necesitaríamos de 200 a 300 trabajadores sociales adicionales. En momentos en que en el País discutimos intensamente el asunto fiscal, surge que el Departamento de la Familia solicitó a la JSF $6 millones adicionales para cubrir esas necesidades pero solo recibió aprobación para $2.5 millones, lo que solo le permite contratar 94 trabajadores sociales. Un dato significativo es que un profesional del trabajo social gana $800 mensuales con bachillerato y hasta $1,700 si cuenta con una maestría. Esto hace que el trabajador social joven emigre buscando mejores condiciones de trabajo. Al contrastar esta dura realidad con los 7 mil millones de dólares en efectivo que el Gobierno de Puerto Rico le pagaría a sus acreedores como parte del acuerdo del Plan de Ajuste de la Deuda, es imposible no pensar en miles de niños maltratados que hoy esperan con desesperación que el Gobierno haga su trabajo y los rescate. Más columnas de Jesús Manuel Ortiz: Presente vs Futuro El grito de Aguadilla El País ante la historia