Durante meses, en la Cámara de Representantes se han celebrado varias vistas públicas que han reafirmado la precariedad presupuestaria que tiene el gobierno y que ha provocado una crisis en los servicios a la sociedad.
El más reciente ejemplo ha sido el Departamento de la Familia (DF), que registra un inmenso déficit de trabajadoras sociales para atender las querellas de maltrato infantil. El 50 % de las llamadas de emergencias no se atienden y las trabajadoras sociales del DF no tienen personal de apoyo para realizar sus labores, agudizando el problema de maltrato infantil.
PUBLICIDAD
Es la misma crisis que hemos visto en otras agencias, como el Departamento de Educación ante la falta de empleados para atender las niñas y niños de educación especial, o nuestras reservas naturales desatendidas ante el limitado Cuerpo de Vigilantes. La justificación siempre es que no hay presupuesto y que la Junta de Control no aprueba nuevos nombramientos.
Con la aprobación de la Ley 53 (PC 1003) y el Plan de Ajuste de Deuda se iniciará un proceso de pago a un grupo de bonistas “buitres”, comprometiendo y mutilando el presupuesto, estableciendo como prioridad el pago de estos cuestionables bonos y soslayando los servicios públicos, los derechos humanos y el futuro económico del país. Con estos pagos a los bonistas se hipoteca nuestro futuro, pues la realidad precaria de nuestra economía presagia un aumento de la crisis económica.
Otra consecuencia de estas medidas es la continua precariedad de los salarios de los empleados públicos y las pensiones de los jubilados, pues la legislación actual, los presupuestos y la Junta de Control y sus planes fiscales y de ajuste congelan para el futuro posibles aumentos por aumento del costo de la vida, y de esta forma continúa empobreciendo nuestra sociedad.
Además, nuestra Universidad sigue estando en la mirilla de los recortes presupuestarios, afectando el acceso a la Universidad, sus procesos educativos y la multiplicidad de servicios que provee.
Desde el espacio legislativo seguiremos combatiendo toda esta legislación y a la Junta, pero desde la calle también, por ello este próximo lunes, 8 de noviembre, desde las 8:00 a.m. estaremos frente al Tribunal Federal contra el Plan, contra la Junta, y por la descolonización e independencia.
