Mucho se ha mencionado en estos días el nivel de pobreza que arropa a nuestra isla. Ciertamente son números impactantes que nos obligan a comenzar a ver este terrible problema desde un punto de vista diferente. Lo que se ha hecho antes no ha funcionado y, en cambio, ha acentuado el problema, ensanchando cada día la terrible brecha entre pobres y ricos en nuestro país. Nos enfrentamos ante la realidad de estar transformando la clase media y trabajadora en una clase pobre y necesitada debido a que el costo de vida cada día aumenta más y los salarios no van a acorde con la realidad que viven. Los que tienen mucho cada vez tienen más y los que tienen poco cada vez tienen menos. Como dijo el líder sindical Marcelino Camacho, los trabajadores siguen siendo el pariente pobre de la democracia.
No es casualidad que las áreas más afectadas o más empobrecidas sean el área sur y suroeste, que son las más alejadas del área metropolitana, donde se genera la mayor actividad económica. La centralización en San Juan del poder y de la toma de decisiones que afectan al resto del país resulta en una medicina inefectiva para las aspiraciones de desarrollo de esta región e imposibilita o dificulta grandemente la oportunidad de que se genere un plan efectivo para atraer industrias y desarrollar pequeños negocios que creen empleos estables y bien pagados para los residentes de las áreas más pobres.
Competir bajo los mismos parámetros que las áreas mas cercanas a los puertos, aeropuertos y otras facilidades por donde llega la materia prima para industrias, entre otras razones, aumenta significativamente el costo de acarreo que redunda en el descarte de estas opciones geográficas y concentra las oportunidades en unos sectores, condenando a los otros a la pobreza. Para agudizar la crisis, los costos de hacer negocio y el “Permiso Único” que exige la Oficina de Gerencia de Permisos trata igual a los negocios ubicados en el medio de la Zona del Condado que a los que operan en Tallaboa Alta, de Peñuelas, condenándolos a un cierre inminente. Si el Huracán María cerró 20,000 pequeños negocios en Puerto Rico, este permiso va a cerrar varios miles más.
En un país donde las exenciones contributivas a corporaciones nos cuestan miles de millones al año, no existen incentivos industriales atractivos para establecer sus negocios en áreas económicamente deprimidas y, si existen algunos, son casi inaccesibles. El Gobierno central le limita a los Municipios, desde una computadora en San Juan, la facultad de calificar el uso de sus terrenos para desarrollarse y aplica exenciones contributivas a corporaciones sin medir el impacto económico en los presupuestos de estos. El sistema trabaja contra los Municipios. En vez de darle las herramientas para desarrollarse, impactan negativamente sus arcas que a su vez afectan los servicios esenciales a la comunidad y por ende su funcionamiento. Es una pelea desigual. Hay que mirar esto de una manera más justa, impulsar la autonomía municipal y que los gobiernos centrales entiendan que el Sur y Suroeste de nuestra isla no somos San Juan… y no por eso somos menos.
