Pueden tener las mismas herramientas que el gobierno federal para investigar, pero falta la voluntad de combatir la corrupción. Las autoridades locales, entiéndase el Departamento de Justicia, ya no tiene ningún problema en que todos sepan que temen procesar políticos corruptos.
En primera instancia tenemos en la Legislatura un movimiento para enmendar la Constitución y permitir que las autoridades locales intercepten y graben llamadas telefónicas, o que graben en video a delincuentes en sus fechorías, como grabaron al ex alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Esa ha sido una de las quejas de Justicia cuando comparan con los federales su pobre desempeño combatiendo la corrupción: que el gobierno federal tiene mejores herramientas.
Esta semana trascendieron unas expresiones del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, que son preocupantes. Creo que el funcionario es una persona seria, pero es que no hay por dónde agarrar sus expresiones sin que se le arrugue a uno la frente. ¿Qué dijo?
“Algunas personas pretenden que se inicie una investigación por rumores o expresiones que trascienden en los medios. No funciona así. En nuestro sistema de derecho hay que garantizar el debido proceso de ley a toda persona. Para que Justicia pueda intervenir, tiene que contar con evidencia que lo justifique. Particularmente, la Ley del FEI exige una querella, referido o declaración juramentada. No se trata de lo que se sepa, sino de lo que se puede probar más allá de duda razonable en un tribunal”, argumentó en un comunicado de prensa. Vamos punto por punto.
Primera parte: “Algunas personas pretenden que se inicie una investigación por rumores o expresiones que trascienden en los medios. No funciona así”. No funciona así, no porque la ley lo impida, sino porque no quieren. ¿Qué impedía que Justicia por lo menos se iniciara una investigación sobre la figura de Félix “El Cano” Delgado? Nada. ¿Cómo podía iniciar una investigación? Sencillo, primero mirar el salario de alcalde, luego entrar a los informes de la Oficina de Ética Gubernamental y, por ejemplo, mirar qué reportaba El Cano en el renglón de “Mobiliario, Enseres Eléctricos, Pinturas, Objetos de Arte, Antigüedades, Colecciones, Joyería, Otros Activos y Deudas u Obligaciones”.
En el 2016, antes de convertirse en alcalde, Delgado reportó ingreso de $23,328.00. En el renglón que incluye joyería, del informe ético, reportó $23,200.00. Casi su ingreso. Una vez se convierte en alcalde el ingreso aumenta a $105,158.00 y en el informe ético reporta lo mismo del 2016 en “Mobiliario…joyería…”: $23,200.00. Reportó esa misma cantidad hasta el informe del 2020. No crecía, aunque sus lujosos y públicos relojes sí lo hacían. ¿Algo impedía a Justicia echar un vistazo? No. Iniciar una investigación no hace culpable o inocente a nadie. Es sencillamente mirar, preguntar, buscar, ver… La ley no impide que puedan hacer eso.
“En nuestro sistema de derecho hay que garantizar el debido proceso de ley a toda persona. Para que Justicia pueda intervenir, tiene que contar con evidencia que lo justifique”, dijo Emanuelli. Incorrecto. Iniciar una investigación sobre un funcionario público no violenta ningún procedimiento de ley. Hacer una acusación sin investigar, sí viola dicho procedimiento, pero no estamos hablando de que Justicia tenía que acusar sin investigar. Para iniciar una investigación no hay que tener evidencia, la investigación en sí es para buscar, encontrar, validar o descartar evidencia. Muchas veces los rumores pueden ser motivo para, mínimo, decir “Coño, es verdad… eso está raro, vamos a mirarlo”. Si al final no hay nada, pues no hay. Si encuentran, pues proceden.
En el caso de el ex alcalde de Cataño desde el 2019 había portadas y los titulares de los medios gritaban que el FBI husmeaba. ¡Con nombres, apellidos y posible esquema! ¿Se dignó Justicia de iniciar su propia investigación? Ni siquiera lo hicieron para aparentar que la corrupción es un asunto que les preocupa. Hago la salvedad de que Emanuelli llegó después, pero eso no justifica sus expresiones.
No buscan porque no quieren encontrar. Si hubiesen buscado con El Cano, hubiesen encontrado, hubiesen llegado a Santamaría, y de ahí encontraban a Ángel Pérez, y de este pasaban a otro alcalde, y así sucesivamente. Pero obviamente Justicia no quería encontrar nada. Recuerden el mensaje de texto de Wanda Vázquez cuando era secretaria de Justicia sobre los vagones del huracán María y en el que le decía a Raúl Maldonado: “De hecho, si no hay conducta criminal, no se debe referir a Justicia… Es lo mejor. Que no hay acción criminal y no requiere intervención de Justicia. Así no me ponen en posición de investigar y emitir expresiones”.
Quien determinaba si había acción criminal no era el secretario de la Gobernación, era Justicia. Pero para determinar si había conducta criminal había que investigar, algo que ella no quería. Vázquez, sin haber leído o tener los elementos para opinar si había acción criminal, pedía que no le enviaran información sobre el incidente para así no tener que hacer su trabajo: investigar. Rest my case.
Culmina Domingo Emanuelli: “Particularmente, la Ley del FEI exige una querella, referido o declaración juramentada. No se trata de lo que se sepa, sino de lo que se puede probar más allá de duda razonable en un tribunal”. Para iniciar una investigación el Departamento de Justicia se rige por su propia ley, no por la Ley del FEI, así que está “mezclando la dinga con la mandinga”. Sí, hay que probar más allá de toda duda, pero para eso hay que investigar y si no se inicia una investigación, ¿cómo rayos se sabe si puede o no haber delitos?
Puerto Rico tiene un grave problema de corrupción gubernamental y eso es un mensaje terrible ante el mundo entero. Pero peor es decirle al mundo que nuestro Departamento de Justicia come popcorn mientras los corruptos campean por su respeto.
Sí, la corrupción es algo de la persona, pero cuando un partido, el que sea, la consiente con la expresión “que presenten la prueba”, el problema también se convierte en uno de la colectividad. Defienden al corrupto hasta que no le queda más remedio. El PNP ahí no está fallando, más bien sigue fallando.
La discusión sobre las grabaciones a nivel estatal es necesaria. Esto se debe aprobar. Obviamente con unas restricciones judiciales, como en el ámbito federal. Ahora, de nada servirá si no tienen la voluntad para promover las grabaciones por el efecto que pueda tener en futuras nominaciones, que a su vez están en manos de algunos de los que defienden a los corruptos.
