Tras los arrestos por corrupción de los alcaldes de Cataño y Guaynabo, así como del vicealcalde de Trujillo Alto, muchos políticos del PNP y PPD han expresado sorpresa e indignación. Incluso, ya comenzaron a prometer “atender” el problema de corrupción rampante, que siempre ha incluido a funcionarios electos y de gobierno de ambos partidos. Prometen, y pretenden que les creamos, que habrá “mano dura” a los corruptos.
Sin embargo, resulta irónico que, en el caso de los alcaldes, mediante la aprobación del Código Municipal del 2020 con votos de penepés y populares, se liberalizaron muchas de las medidas de transparencia de la anterior Ley de Municipios Autónomos.
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Entre estas, el arrendamiento sin subasta de propiedad municipal, en los casos que de ordinario se requeriría subasta y las autorizaciones de donativos de fondos y propiedad municipal a entidades o agrupaciones privadas sin fines de lucro que antes requerían la aprobación de 2/3 partes de la Legislatura Municipal, ahora solo necesitan una mayoría simple para su validez. Además, el Código añadió los procedimientos de “Solicitud de Propuestas” y “Solicitud de Cualificaciones” que son menos rigurosos que la Subasta Pública que buscan garantizar la pulcritud de los procedimientos de compras.
Además, hay que eliminar las súper-mayorías que la Ley concede en las Legislaturas Municipales para evitar que sigan siendo un “sello de goma” del ejecutivo municipal y garantizar la representación proporcional a los votos obtenidos por cada partido. A modo de ejemplo, una legislatura de 14 miembros, normalmente tiene 11 escaños del partido del alcalde, lo que significa casi un 80% de los integrantes de esta, sin importar el porcentaje de votos que obtuvo el alcalde.
Para combatir la corrupción municipal debemos reformular el Código para restarles poderes a los alcaldes, fortalecer las legislaturas municipales garantizando la proporcionalidad de sus integrantes y añadir procesos más estrictos para las compras y contrataciones de bienes y servicios. Simultáneamente hay que atajar el germen del clientelismo político que permite nombramientos de funcionarios sin la preparación necesaria simplemente porque pertenecen al partido en el poder, el adelanto agendas partidistas y personales, así como la devolución de favores económicos a los donantes de campañas.
