Por estos días se ha puesto de moda mirarnos en el espejo de la pasada década. “Ten year challenge” han bautizado un reto viral que consiste en compararnos con nosotros mismo hace 10 años. Yo propongo extender este reto a un estatuto que ha ganado notoriedad en días recientes: La Ley 22.
La ley, firmada el 17 de enero de 2012 y bautizada como la “Ley para incentivar el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico” prometía sentar las bases para traer millones de nuevo capital utilizando como gancho un escenario de exención contributiva total para extranjeros. Al momento de la firma se aseguraba que la Ley 22 traería inversiones millonarias y empleos. Sin embargo, a 10 años de su firma ese no parece ser el caso.
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Un análisis hecho por el Centro de Periodismo Investigativo revela enormes cuestionamientos que nos hacen pensar si mantener esa Ley como hasta ahora es una buena decisión de política pública y, a fin de cuentas, quién o quiénes resultan beneficiados. A todas luces la respuesta no es el país. Como ejemplo, tome usted uno de los casos presentados en la investigación del CPI. El empresario Keith St. Claire es uno de esos beneficiarios de la ley que llegó a la isla con la promesa de recibir los beneficios del estatuto a cambio de crear un “Distrito de Cine”y varios proyectos hoteleros con una inversión de $200. Hasta el 2021 la mayoría de los proyectos prometidos estaban sin comenzar o “en proceso”. ¿Los miles de empleos? A seis años de su llegada a la isla seguían en promesas. Pero más allá de ese caso puntual, según el análisis del CPI, hasta el año pasado unas 3,311 personas se habían acogido a los alivios de la Ley 22. Sin embargo, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio no había auditado ninguna de las cuentas, a pesar de que la ley se lo exige. Tampoco parece quedar claro cuánto ha sido el beneficio económico real que ha recibido la isla a cambio de otorgar a quienes se mudan bajo la Ley 22 una exención absoluta. De hecho, cabe preguntarse si es un buena decisión de política pública atraer personas del exterior a que se muden a la isla con una exención contributiva a cambio de nada, mientras empresas y capital local hacen lo imposible por intentar sobrevivir en un ecosistema que les pone piedras en el camino y les cobra contribuciones aun cuando en el saldo generen mayor riqueza y capital.
Economistas como el expresidente de la Asociación de economistas, José Caraballo Cueto han identificado que uno de los pocos renglones que ha recibido el beneficio del estatuto es el de bienes raíces, con núcleos como Dorado, Palmas del Mar y otros llevándose la mejor parte con ventas de propiedades que se valen de transacciones en efectivo a sobreprecio. La ola de inversión inmobiliaria también ha impactado la zona histórica del Viejo San Juan, Condado y ya echa raíces en Guaynabo. Lugares en donde compradores locales juegan en desventaja ante compradores que ofrecen agresivamente compras en efectivo a sobreprecio.
Pero a pesar de la poca inyección de capital y el desplazamiento de locales en el mercado inmobiliario, ¿a alguien en las esferas de poder le preocupa el asunto? En el Ejecutivo no parece ser el caso. Al preguntarle al Gobernador sobre este asunto recientemente no pareció compartir el deseo de aclarar la Ley. Al lunes en mi programa en radio isla, tanto el presidente de la Cámara, Rafael Hernández como el portavoz alterno del PNP en el Senado, Carmelo Ríos hablaron sobre la necesidad de revisar los decretos contributivo.Los senadores María de Lourdes Santiago y José Vargas Vidot han presentado a principios del cuatrienio un proyecto para derogar la Ley 22 y su complemento, la Ley 20. Pero hasta ahora no ha pasado nada. Estará por verse si en esta sesión el escenario será distinto.
