Porque atenta contra la democracia y el derecho del pueblo a estar bien informado. Los periodistas velamos, fiscalizamos y reportamos lo que el gobierno u otra organización no quiere que que usted sepa. La prensa es los ojos, los oídos y la voz de los ciudadanos, y eso irrita al que quiere mantener al pueblo con una venda. Por su parte, los tribunales deben ser los custodios, la última fuente de protección de ese derecho del pueblo a estar informado… bien informado. Cuando se habla del derecho del pueblo a estar bien informado no se trata de que se informe que el costo del marbete o la luz aumentará. Estar bien informado es saber la verdad y nada más que la verdad de lo que ocurre.
En 1787, cuando se aprobó la Constitución de Estados Unidos, uno de sus padres fundadores, Thomas Jefferson, expresó: “Si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en preferir lo segundo”. Cuando habla de “periódicos” se refiere a la prensa porque era donde se informaba en ese entonces ya que no existía aún la radio ni la televisión.
Sin embargo, cuando llegó al poder y se convirtió en el tercer presidente, la prensa se convirtió para Jefferson en una piedra en el zapato. “Ahora no se puede creer nada que sea visto en un periódico. La verdad misma se hace sospechosa cuando aparece en ese vehículo contaminado”, argumentaba. El trabajo de la prensa, buscando y publicando información, es el medicamento que contrarresta la catarata que el gobierno quiere mantener en los ojos del pueblo.
Hay dos escándalos en los Estados Unidos que estremecieron la nación y que fueron destapados por la prensa. La guerra de Vietnam, que costó la vida de cerca de 1.4 millones de personas, incluyendo más de 58,000 norteamericanos, estuvo sustentada bajo mentira y engaño del gobierno ejecutivo de Estados Unidos a la ciudadanía y al Congreso.
En ese entonces se crearon los Pentagon Papers, un documento secreto que dejaba en evidencia las mentiras del gobierno para justificar, mantener y extender dicha guerra en Asia. Daniel Ellsberg, funcionario del Pentágono que tuvo acceso a los documentos, los sustrajo de forma ilegal y los filtró al New York Times. En 1971, parte de los Pentagon Papers comenzaron a publicarse y el escándalo le explotó en las manos al presidente Richard Nixon. Este intentó aplastar las publicaciones buscando la protección del tribunal, que accedió a mantener al pueblo privado de conocer la verdad. Al Nixon lograr detener al Times, Ellsberg filtró al Washington Post, a quienes también le aplicaron la mordaza judicial. Ambos medios batallaron como gladiadores por el derecho a informar al pueblo y lograron que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estableciera que los tribunales anteriores habían tomado decisiones inconstitucionales y autorizó a los dos medios a seguir publicando la verdad de Vietnam, aún habiendo invocado la Casa Blanca un asunto de seguridad nacional. Así de poderoso es el derecho del pueblo a estar bien informado por medio de la prensa y sus fuentes.
Años más tarde, a Nixon le reventó el escándalo Watergate, donde su administración espiaba ilegalmente al Comité Demócrata Nacional. Nixon intentó obstruir la justicia y encubrir el delito. El escándalo fue publicado en The Washington Post y culminó con la presidencia de Nixon. Su sucesor, Gerald Ford, tuvo que indultarlo por adelantado de cualquier delito que hubiera cometido.
Ambos casos tienen algo en común: fuentes que se atrevieron a poner al tanto a periodistas suministrando información y/o documentos. ¿Usted cree que el pueblo estadounidense no tenía derecho a saber absolutamente nada y que el gobierno tenía todo el derecho a mentirle, a engañarlo, hasta con una guerra que costó vida de soldados, incluyendo puertorriqueños, y que estaba lejos de ser ganada?
Eventualmente, Ellsberg, empleado del Pentágono, y Mark Felt, subdirector del FBI cuando el caso de Watergate, revelaron que fueron ellos las fuentes de ambos casos. ¿Qué implicaba admitir en aquellos tiempos que eran los que filtraban información de estos escándalos? Primero, ser acusados y procesados. ¿Quién sabe si asesinados? ¿No mataron al presidente John F. Kennedy por representar una amenaza? Era la responsabilidad de los medios y de los periodistas protegerlos, y, a su vez, la responsabilidad de los tribunales de proteger la libertad de prensa.
Si los medios hubiesen “quemado” a la fuente de los Pentagon Papers, ¿cree usted que hubiese habido fuente en Watergate? Nixon se hubiese salido con la suya en dos ocasiones.
Hoy tengo dos órdenes judiciales que quieren obligarme a “quemar” una fuente que me entregó un documento elaborado por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). El contenido de ese documento lo redactó el gobierno de Puerto Rico. Se me podría estar castigando con cárcel o con un intento de asfixiarme económicamente con multas por recibir un documento e informarlo al pueblo. Así de sencillo se resume esta controversia.
El argumento del demandante, Idelfonso Torres, y de sus abogados Pablo Colón Santiago y Francisco Sánchez Rodríguez, es que ese documento era secreto y que el pueblo no tenía derecho a conocer la existencia del mismo cuando se publicó. Torres es fiscal de Ponce, pero su reclamo de que yo publiqué un documento que debía ser ocultado al pueblo la hace como individuo, como persona y no como fiscal que custodiaba el mismo, o que era parte de una investigación suya.
Al día de hoy, el NIE, el Departamento de Seguridad Pública (DSP), y el Departamento de Justicia no me han reclamado por yo publicar el documento oficial del gobierno. No he sido informado por estas agencias de que afecté o descarrilé una investigación con la publicación. De hecho, al momento de publicar ya había personas suspendidas, por lo tanto, ninguno de los implicados o mencionados se enteraron de la investigación por nuestra publicación.
Cuando la administración de Nixon y su Fiscal General, John Mitchell, se enteraron de que el Times y el Post tenían los Pentagon Papers, solicitaron a los medios que no publicaran y luego acudieron al tribunal para detener la publicación porque “se trataba de un asunto de seguridad nacional”.
Conociendo que teníamos el documento y la intención de publicarlo, Justicia, el DSP y el NIE, quienes eran los productores y custodios del documento, del sumario fiscal, y quienes investigaban, no persuadieron con alguna comunicación o recurso judicial para que no publicáramos el documento.
¿Porqué no lo hicieron? En mi opinión, porque reconocían el derecho nuestro a investigar, preguntar, a obtener información e informar al pueblo. Nada hicieron y al día de hoy, como productores y custodios del documento y del sumario fiscal, no lo han hecho. El intento de persuadir fue una hostil amenaza de que pagaríamos si nos atrevíamos a publicar, y dicha amenaza no vino de Justicia ni del NIE.
Las decisiones judiciales que me ordenan “quemar” la fuente, aunque no haya sido la intención de los jueces, tienen el efecto futuro de brindar al que se aparta de la ley una herramienta para intimidar a las fuentes y que estas no provean información de actos corruptos en el gobierno, ya que se validó judicialmente que se identifiquen las fuentes mediante presión al periodista, para el escarnio y castigo público.
El oscurantismo se sentaría sobre la transparencia y la democracia, y eso es algo que, al menos conmigo, no va a ocurrir. Por eso no puedo revelar mi fuente. Por eso tendré que asumir las consecuencias de un desacato, ya sea arresto o sea estrangulamiento económico a mí y a mi familia por hacer mi trabajo de informar al pueblo de un documento del gobierno. La protección judicial, más que a mí, es a las fuentes, a la libertad de prensa y la libertad de expresión.
En las próximas semanas veremos si emulamos las 49 jurisdicciones judiciales de Estados Unidos, que han protegido a las fuentes de los periodistas, y a la prensa en su deber de informar, o si por el contrario nos acercamos más a los países totalitarios vecinos donde los periodistas pagan un alto precio por revelar lo que el gobierno y otros no quieren.
