No es secreto que aquí, en esta tierra bendita, muy poco se planifica. Parecería que a nuestros gobiernos (tal vez porque son una extensión de la procrastinación del colectivo en la toma de decisiones importantes) les encanta trabajar contra el reloj. Así, como el que navega de crisis en crisis. Lo vivimos, por mencionar un ejemplo, con el tema de la deuda. Desde 2012 los economistas advertían que si seguían los niveles de endeudamiento la isla iría a la quiebra. Como de costumbre, los gobiernos pretendieron minimizar las advertencias de los expertos bautizándolos como “profetas del desastre”o adjudicándoles agendas “destructivas”cargadas de “pesimismo”. Mucho antes pasó con el modelo de salud. Los expertos -una vez más- advirtieron que se trataba de un modelo insostenible que resultaría en déficits anuales. Otra vez, se optó por atacar a los expertos. Pero en un caso y en el otro las advertencias resultaron ser acertadas. Puerto Rico no pudo con la carga de la deuda y entró en quiebra. Mientras, la Tarjeta de Salud arrastra déficits anuales de cerca de $400 millones desde su creación. Una vez explotaron las crisis, entonces se buscó cómo tratar de atenderlas así, contra el reloj.
La historia parece repetirse con el cambio climático. Se nos advirtió hace décadas. Los gobiernos -y los ciudadanos- o lo ignoraron, o lo descartaron como un augurio apocalíptico sacado de un guión de ciencia ficción o simplemente lo calificaron de falso o impreciso. Todavía recuerdo cuando en 2018 el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lanzó un “no me lo creo” poco después de la publicación de aquel abultado informe sobre el tema en el que participaron 300 científicos de 13 agencias federales. Su total desconocimiento científico sobre un tema científico se convirtió en la política pública “de facto”. A nivel local no estamos muy lejos. No se dice pero tampoco se hace nada al respecto. Y el tiempo corre.La erosión costera es un hecho. También el imparable aumento en el nivel del mar. Acá en la isla es evidente el destino que aguarda a comunidades en la costa Norte como Ocean Park en Condado o algo más al Este, en Loíza, donde el agua se ha metido a calles y destrozado estructuras costeras. Ante este escenario desde hace años se han lanzado propuestas y se han hecho advertencias. En el segundo renglón, ya se nos ha advertido que el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín -nuestra puerta de entrada y salida al mundo- quedará bajo agua en algunas décadas. Y si ese es el caso, no es descabellado pensar que lo mismo ocurrirá con las comunidades cercanas. De hecho, el propio Director de la Autoridad de Puertos ha advertido que es necesario iniciar un plan de “mudanza” para establecer las operaciones del aeropuerto en Aguadilla. Pero no se ha movido un dedo. De igual manera, se ha ignorado legislación que pretende condicionar o frenar la construcción en la zona costera bajo la premisa de que deben ser renovados términos como “zona marítimo terrestre”. Tome usted el caso del Proyecto del Senado 43 que ordenaría una moratoria en la construcción en las costas. El proyecto ha sido endosado por científicos, organizaciones ambientalistas y hasta un importante grupo de alcaldes de la Zona Norte. Pero la Oficina de Gerencia de Permisos se opuso y en la Legislatura la pieza ha quedado en el limbo. De hecho, los proyectos y resoluciones que sí han sido aprobados sobre el tema en casi 20 años parecen haberse convertido en letra muerta. Ya lo investigaba en 2018 el Centro de Periodismo Investigativo que daba cuenta de al menos 62 medidas aprobadas para atender el tema. Pero ninguna parecía haber redundado en el establecimiento de una política pública robusta. No sé. Seguro muchos piensan que es un chiste. Quizá, por aquello de ser consistentes, nos toca morir en otra guerra avisada.
