Ya sabemos que el chat está lleno de insultos, mofas y crueldad, pero también está lleno de posibles violaciones de ley e, incluso, delitos.
Las violaciones de ley de naturaleza penal pueden ser procesadas en un tribunal de justicia estatal o federal, donde el estándar requiere que se prueben más allá de toda duda razonable. Sin embargo, también pueden ser utilizadas como fundamento para un residenciamiento o impeachment contra Ricky, un juicio político con menos garantías procesales.
En el documento de 889 páginas —una larguísima admisión fértil para investigadores del ministerio público o de la Asamblea Legislativa— se pueden identificar tres principales grupos de actividad delictiva.
1) Conspirar para perseguir a disidentes o contrincantes utilizando el aparato estatal, podría entenderse como una violación de derechos civiles orquestada, lo cual está tipificado como delito federal bajo la Sección 241 del Título 18 del Código Penal.
La información contenida en el chat apunta a que Ricky —ya no le voy a decir más gobernador porque no merece esa deferencia— pretendía emplear a la Policía para intimidar al representante Manuel Natal porque, según otro participante, necesitaban darle un “escarmiento”. Los “boys” también conspiraron para sacar de su puesto a una empleada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras por el mero hecho de ser esposa del senador independentista Juan Dalmau. Uno de los principales asesores de Ricky, Ramón Rosario, dijo que había que “marcar” a Arnaldo Claudio, el exmonitor federal. Y Claudio señaló a la prensa que Alfonso Orona, el principal asesor legal de Ricky, utilizó el sistema de justicia criminal para intimidarlo. Claudio refirió el asunto al FBI.
2) Divulgar información privilegiada y confidencial para que un tercero se beneficie —o permitirlo— está tipificado como una violación de ley federal y por la Ley de Ética Gubernamental.
Gracias a que era parte del “team”, Elías Sánchez, un cabildero con intereses privados, que al momento del chat no era contratista del Gobierno, tuvo acceso privilegiado a información que podía beneficiar sus negocios. No sabemos si, en efecto, Elías o sus clientes privados se beneficiaron o no, y ese punto tendría que ser escudriñado por las autoridades al averiguar todas las entidades para las cuales Elías trabajaba.
Lo que sí sabemos es que Christian Sobrino, representante de Ricky ante la Junta de Control Fiscal, divulgó información gubernamental a un privado —y los posibles clientes que este representaba— colocándolo así en una posición en la que otros no podían estar.
Lo más impactante, sin embargo, es que Ricky permitió que terceros privados tuvieran acceso a importantes transacciones de negocios gubernamentales en los lucrativos campos de salud y energía. Ningún otro cabildero, excepto Elías, estaba presente en esa reunión virtual de Ricky y la plana mayor del Gobierno.
3) Utilizar recursos públicos —como los salarios de los funcionarios y los contratos de los asesores “externos”— para trabajos de naturaleza privada o político-partidista es ilegal.
Gran parte del chat acontece en horas típicamente laborables. Que los funcionarios gubernamentales del más alto nivel compartan su mezquindad es asqueante, pero no necesariamente delictivo. Lo que pasa es que lo hicieron en el tiempo laborable durante el cual se suponía que estuvieran ayudando a las decenas de miles de puertorriqueños que aún viven bajo toldos de FEMA, mitigando la monumental deuda, o manejando las laceradas relaciones en Washington D.C.
Que Ricky haya afirmativamente empleado recursos costeados con fondos públicos para adelantar intereses privados o político-partidistas también podría ser utilizado en su contra en un juicio político.
Ricky ayer estaba buscando de Dios en una iglesia en Carolina. Creo que eso es justo y necesario. También debe buscar ayuda más terrenal: la de un abogado.
Muchas veces, quienes delinquen piden perdón. Y muchas veces son convictos y sentenciados. Ya Ricky pidió perdón.
