Recientemente finalizó la odisea judicial que llevó a cabo la Cámara de Representantes para que la empresa LUMA cumpliera con su responsabilidad de entregar miles de documentos públicos relacionados a sus operaciones, gastos y administración del sistema de transmisión y distribución de energía operada por ellos, pero propiedad del pueblo de Puerto Rico.
Este proceso se caracterizó por la obstinación, la temeridad y la inmensa irresponsabilidad de esta empresa y su principal ejecutivo de no cumplir con su deber de entregar los documentos, que solo cambió cuando se vio cerca de las puertas de la cárcel, unido a su continuo desprecio de las funciones fiscalizadoras de la Cámara. A esto se le añade la dejadez y el silencio cómplice de las agencias de gobierno responsables de fiscalizar el contrato al no exigirle a LUMA que cumpliera con su responsabilidad con la Legislatura, con la rendición de cuentas y hasta con el ahorro de fondos públicos del extenso y costoso proceso judicial.
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Algunos han señalado que con la tardía entrega de documentos se debe cerrar este asunto, pero todo lo contrario. Ahora tenemos la responsabilidad de estudiar y analizar con varios objetivos la inmensa cantidad de información recibida. Hay que investigar cómo ha ido el uso de fondos públicos que ha manejado esta empresa; la relación del número de empleados en áreas medulares, como servicio al cliente; las brigadas de reparación y los múltiples reclamos de la ciudadanía por la constante interrupción a su servicio eléctrico; y el uso de dinero público permitido por el contrato para gastos de entretenimiento y placeres para los “mogules”, en total menosprecio de la realidad económica y financiera de la AEE y la situación de precariedad que vive en general el país. Todo indica que el “virus’’ del clientelismo político arropa una vez más a una empresa relacionada con el gobierno. No nos extraña. Esta ha sido la constante por décadas en los gobiernos del PNP y el PPD.
Tenemos la obligación de continuar investigando y fiscalizando. Se trata de un contrato millonario de fondos públicos, de un proceso desgraciado de privatización de una empresa pública fundamental para el país, de una complacencia por parte del ejecutivo para justificar esta horrible política de entregar bienes públicos al mejor postor, y de mirar para el lado ante las temerarias acciones de su contratado.
