El hecho de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tomara ante su consideración este pasado lunes dos casos sobre las iniciativas de acción afirmativa en las admisiones universitarias es una señal ominosa para la diversidad en el estudiantado universitario y los avances que por años se han logrado en aras de promover la igualdad de oportunidades y eliminar la discriminación en el proceso de admisiones. Dada la composición de la corte en estos momentos, hay una alta probabilidad de que los seis jueces conservadores utilicen estos casos para prohibir cualquier forma de “acción afirmativa” en los Estados Unidos.
Los dos casos, uno que involucra a la Universidad de Carolina del Norte (UNC) y otro a Harvard, abordan la siguiente pregunta: ¿Pueden las universidades continuar usando la raza como un factor en las decisiones de admisión para mejorar la diversidad en el campus?
En el caso de la UNC, universidad del estado, los demandantes argumentan que el programa de acción afirmativa, que según la universidad fomenta la diversidad educativa, viola el requisito de protección igualitaria de la Constitución. En el caso de Harvard, institución privada, los demandantes acusan a la universidad de violar la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe a los beneficiarios de fondos federales discriminar por motivos de raza. Afirman los demandantes que Harvard discrimina a los solicitantes asiaticoestadounidenses al penalizarlos por rasgos personales subjetivos intentando limitar su acceso en aras de lograr un estudiantado más diverso.
Bajo decisiones que se remontan a la década de 1970, el Tribunal Supremo ha confirmado el uso de programas de acción afirmativa en las admisiones universitarias como constitucional. El tribunal ha encontrado consistentemente que las universidades tienen un interés apremiante en tener un cuerpo estudiantil diverso y pueden considerar la raza como un factor entre muchos factores en las admisiones para beneficiar a los estudiantes de color.
Como explicó la jueza Sandra Day O’Connor en una decisión del 2003, al respaldar el programa de acción afirmativa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan, la conclusión del tribunal “se basa en nuestra opinión de que lograr un estudiantado diverso es parte fundamental de la misión institucional adecuada de la Facultad de Derecho”. Y, además, escribió: “Para cultivar un conjunto de líderes con legitimidad a los ojos de la ciudadanía, es necesario que el camino hacia el liderazgo esté visiblemente abierto a personas talentosas y calificadas de todas las razas y etnias”.
Como parte del estudio de la larga historia de discriminación racial en los Estados Unidos ha quedado comprobado que las admisiones ciegas en cuanto a la raza de los solicitantes simplemente permitían que los efectos de la discriminación histórica, encarnados en el sesgo racial en la educación K-12, la desigualdad de ingresos y la segregación, continuaran, especialmente en los colegios y universidades de élite. Sin duda, esa ha sido la experiencia que se ha vivido recientemente en California y Michigan y en todos los estados que han eliminado los programas de acción afirmativa.
La pregunta ahora es si el Tribunal Supremo dominado por jueces de ideología conservadora anulará todos esos casos anteriores, incluso cuando los administradores de las universidades demuestren que estos programas de admisión son fundamentales para la experiencia educativa de todos los estudiantes.
Es casi seguro que el cambio reciente en la composición del tribunal cambiará el panorama. En el 2016, el programa de acción afirmativa de la Universidad de Texas fue respaldado por una mayoría judicial que incluía a los jueces Anthony Kennedy y Ruth Bader Ginsburg. El presidente del Tribunal Supremo John Roberts y los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito discreparon y fueron enfáticos en que declararían inconstitucionales todas las acciones afirmativas. Desde 2016, tres jueces conservadores se han unido a la corte: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, y se espera que todos se opongan firmemente a la acción afirmativa.
Eliminar la raza como un factor a considerarse en las admisiones reducirá significativamente las admisiones de minorías. Vimos que eso sucedió en California cuando en 1996 los votantes aprobaron la Proposición 209, que prohibía a las instituciones del gobierno estatal considerar la raza en la educación pública, la contratación pública y el empleo público. La disminución de la representación de las minorías en la Universidad de California se produjo incluso cuando aumentaba la población minoritaria en California.
No hay duda de que lograr la diversidad es importante para brindar experiencias educativas enriquecedoras y culturalmente relevantes, así como para dar al traste con los legados de la injusticia racial. Preparar a los estudiantes para el mundo racialmente diverso en el que vivirán y trabajarán requiere que aprendan en aulas racialmente diversas.
El Tribunal Supremo atenderá los casos de la Universidad de Carolina del Notre y Harvard en octubre y probablemente los decidirá en la primavera de 2023. Ante la alta probabilidad de que los jueces conservadores determinen que las iniciativas de acción afirmativa son inconstitucionales, es muy probable que las universidades de toda la nación y sus estudiantes tengan que lidiar con el desafío que ha enfrentado California durante los pasados 25 años.
