Un nuevo informe de la campaña Hedge Clippers en Estados Unidos, publicado el jueves 15 de diciembre, detalla la supuesta complicidad del Banco Santander en 67 mil millones de dólares de la deuda de Puerto Rico y sus conexiones con la Junta de Control Fiscal (JCF).
Para portavoces de organizaciones en Puerto Rico, la noticia confirma hechos preocupantes sobre las conexiones entre la banca, los dos partidos políticos principales y los políticos en el Congreso que aprobaron la ley PROMESA.
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“Carlos García y José Ramón González está en la Junta de Control Fiscal porque fueron recomendados y nombrados por el Congreso y el presidente de Estados Unidos; ambos fueron, también, presidentes del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), agencia clave en decisiones sobre la deuda y llegaron allí directo de Santander que se echó al bolsillo millones de dólares en ganancias mientras ellos presidieron”, sostuvo en declaraciones escritas, José Tato Rivera Santana, portavoz de la Concertación Puertorriqueña contra la Junta.
Detalló que según el análisis, de 90 transacciones en las que Santander participó como administrador de emisiones de bonos valoradas en un 87 por ciento de la deuda total del Estado Libre y Asociado (ELA), Santander y otros bancos hicieron mil millones de dólares en ganancias, con lo que se beneficiaron en última instancia de la crisis fiscal que “ellos mismos ayudaron a crear”.
“Los exejecutivos de Santander que ahora son miembros de la Junta de Control Fiscal, fungieron como líderes tanto del BGF como de Santander Securities, estableciendo así un equipo de antiguos y actuales ejecutivos de Santander durante la administración del gobernador Luís Fortuño. García dejó el BGF para regresar a Santander mientras que Juan Carlos Batlle salió de Santander para reemplazar a García como líder del BGF. En consecuencia, Fernando Batlle, hermano de Juan Carlos se convirtió en el nuevo CEO de Santander Securities”, dijo.
Piratas del Caribe es el primero de la serie de informes de Hedge Clippers y Committee for Better Banks que analiza los negocios de Santander en Puerto Rico y los Estados Unidos Continentales. El informe está disponible en este enlace: http://hedgeclippers.org/pirates-of-the-caribbean-how-santanders-revolving-door-with-puerto-ricos-development-bank-exacerbated-a-fiscal-catastrophe-for-the-puerto-rican-people/ .
Según detallaron, el informe realizado por Hedge Clippers Campaign con la colaboración del Committee for Better Banks, encontró que de los 61.2 mil millones de dólares que Santander ayudó a emitir en bonos puertorriqueños 1.1 mil millones de dólares fueron honorarios pagados. Además, el documento señala que un tercio de las transacciones emitidas con la ayuda de Santander contenían intereses capitalizados totalizando 1.5 mil millones de dólares, pagos que son esencialmente intereses de interés. Asimismo, establece que de los bonos que Santander fue principal administrador, un total de 735 millones de dólares se pagó con fondos públicos de Puerto Rico sólo para cancelar los intercambios (‘swaps’) de tasas de interés.
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“Esto le muestra al país la naturaleza corrupta de la ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal y sus claras intenciones de continuar sacándole dinero a la gente de Puerto Rico para pagarle a los bonistas s. Son todos partes de un mismo grupo pequeño de personas que en Puerto Rico y Estados Unidos ven a la Isla como un negocio para hacer dinero. Es hora de que la gente vea estas conexiones entre los partidos de siempre, los banqueros de siempre y el gobierno colonial de siempre”, expresó por su parte, Jocelyn Velázquez, portavoz de la Jornada se acabaron las Promesas.
Por su parte, Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, hizo un llamado a la investigación más a fondo de este esquema y un llamado a que Santander devuelva las ganancias obtenidas de las transacciones predatorias de emisiones de bonos que hizo al gobierno de Puerto Rico. “Esos mil millones de dólares se pudieron haber usado para escuelas, carreteras y hospitales. Por esto es tan importante la auditoría de la deuda, para identificar si hubo transacciones ilegales e ilegítimas que el pueblo de Puerto Rico no debería pagar”, expresó.
Distintos portavoces urgieron a que los puertorriqueños comiencen a organizarse para exigir la derogación de la ley PROMESA y el derecho a decidir por una solución justa desde Puerto Rico para Puerto Rico.
“Comencemos a organizarnos para nosotros decidir nuestro futuro. Nosotros, la gente de a pie, que trabaja, que suda, que está creando alternativas y que quiere un país de bienestar para todos y todas, no para unos pocos”, añadió Justo Méndez, portavoz del movimiento VAMOS.
