La auditoría de la deuda es un asunto que le compete al Gobierno de Puerto Rico, destacó el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal (JCF), Ramón Ruiz Comas.
En una mesa redonda realizada para la prensa junto con Ana Matosantos, Ruiz explicó que “aquí quien es responsable de pagar la deuda es el Gobierno de Puerto Rico. Si hay algo que está fuera de lugar, es el Gobierno de Puerto Rico el responsable de bregar con eso”.
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El líder el ente federal agregó que “nosotros estamos trabajando aquí con un plan fiscal, en el que los objetivos que están establecidos son ser fiscalmente responsables, trabajar con una reestructuración de la deuda y establecer los cimientos necesarios para el crecimiento económico. Ese es el norte que tiene la Junta y en lo que tenemos que seguir enfocados. Si hay otras situaciones, ya es el Gobierno el que tiene que trabajar con eso y no es la Junta la responsable”.
Por su parte, Matosantos indicó que la firma Ernst and Young realiza un estudio de la deuda del país. Esta explicó que, cuando el análisis termine, estará disponible en la página web de la JCF.
“Nosotros estamos realizando una evaluación, que la está realizando EY. Hay una referencia a esto en el documento, que va a evaluar todas las emisiones, cuándo se hicieron, para qué se usó lo que se tomó prestado, como que un accounting de toda la deuda emitida”, sostuvo Matosantos.
Gobierno avaló recorte de $450 millones a la UPR
La recomendación de cortar $450 millones de la Universidad de Puerto Rico fue hecha por la Junta y avalada por el Gobierno de Ricardo Rosselló, destacó el director ejecutivo del ente federal, Ramón Ruiz Comas.
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“Vamos a hacer claras unas cosas: la Junta hizo una recomendación a principios de mes, y el Gobierno prepara el plan basado en una realidad fiscal que tiene una cantidad de ingresos para poder proveer de unos servicios esenciales”, destacó Ruiz Comas.
“Basados en esa realidad fiscal es que determinan que vamos a otorgar a la universidad X cantidad Y, Z, a través de los años. O sea, que es a base de una determinación fiscal, basada en una realidad económica que se está proyectando. El Gobierno tomó la determinación de ‘esto es lo que yo puedo aportar’. Ahora la universidad dentro de su plan fiscal tiene que, basándose en lo que el Gobierno le está diciendo de lo que tiene capacidad de aportar, preparar su plan fiscal”, agregó.
Por su parte, Matosantos declaró que es la UPR quien determinará las medidas en su plan fiscal para recortar los $450 millones, entre las que podrían ser aumento en matrícula y enfocarse en la cantidad de años que está un estudiante en la institución.
Sobre el oneroso recorte de $450 millones a la UPR, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés, negó que el primer mandatario los favoreciera.
“La Junta de Supervisión Fiscal en su carta del 9 de marzo de 2017 dirigida al gobernador Rosselló Nevares establece que el déficit estructural del Gobierno requiere una reducción anual del subsidio que se le da a la Universidad de Puerto Rico (UPR) de un mínimo de $450 millones para el año fiscal 2021. El plan fiscal del gobernador se ajustó a esos parámetros establecidos por la Junta. Todos los recortes sugeridos para la Junta fueron establecidos por el organismo federal tanto en la carta de 18 de enero como en la del 9 de marzo”, declaró Rosario en comunicación escrita.
Servicios esenciales se definirán en abril
El Gobierno establecerá la definición de servicios esenciales en el plan de liquidez que deben entregar el 30 de abril, informó Ana Matosantos.
La partícipe de la JCF agregó que en el plan fiscal certificado la administración de Rosselló se ve “en parte” de dicha definición.
“El plan certificado del Gobierno dice que la prioridad principal de salud que han establecido es mantener la cantidad de asegurados. Después de eso, cuáles son los servicios críticos que piensan que los planes deben cubrir, sea hospitales, doctores, medicinas, etc. Han dicho que hay cosas que no son tan esenciales, por ejemplo, los servicios de dentista, oftalmología y otros beneficios”, agregó.
Esperanzados en utilizar solo el Título VI de PROMESA
La JCF destacó que esperan realizar negociaciones de buena fe con los bonistas antes del 1 de mayo, fecha en que termina la moratoria para pleitos legales. “Pensamos que, si la gente viene con buena fe y con enfoque de trabajar con lo que hay dentro de las limitaciones y la cantidad de dinero que hay disponible, se puede trabajar eso”, puntualizó Matosantos.
