La Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico realiza una investigación de los procesos de mediación judicial ordenados mediante la Ley 184-2012, que inserta el proceso de mediación entre el acreedor hipotecario y el deudor hipotecario en los procesos de ejecución de hipoteca (foreclosure) de propiedades dedicadas a vivienda en Puerto Rico.
Se indicó en una comunicación escrita que la Resolución del Senado 117 de la autoría del senador Carmelo Ríos, surge como consecuencia de reseñas en los medios de comunicación alertando que las ejecuciones de vivienda en la Isla continúan en aumento, ello como reflejo de la precaria situación económica en que se encuentra Puerto Rico. Esto, según la exposición de motivos de la medida, lleva a pensar que el propósito de la legislación previamente aprobada no se está cumpliendo a cabalidad.
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A juicio de la Resolución del Senado 117, es menester verificar cuantos de los ciudadanos han perdido sus hogares, aun luego de la aprobación de la Ley 184-2012; si fueron debidamente orientados y si el requisito de hacer alegación responsiva previo a la mediación resulta demasiado oneroso para personas de escasos recursos económicos.
La Resolución del Senado 117 le ordena a la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo a rendir un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de un periodo de noventa (90) días después de la aprobación de la misma.
En la vista pública estuvo presente la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) que presentó unas estadísticas compiladas desde el 2009 al 2016. El total de ejecuciones para el 2015 fue de 4,123 vs. 2,552 para el 2016, pero en cuanto a ejecuciones en proceso para el 2015 hubo 20,515 mientras que para el 2016 los casos son de 18,769. Según la OCIF, no obstante el leve descenso observado, entienden, que el número de ejecuciones hipotecarias es alto, en detrimento del bienestar de la población puertorriqueña y contrario también a los mejores intereses de las instituciones hipotecarias por las pérdidas que dichas estadísticas implican.
Por su parte, la Asociación de Bancos a través de su Vice presidenta Ejecutiva, Zoimé Álvarez Rubio, defendió la acción de los bancos durante estos procesos de ejecución y aseguró que las mismas no son por culpa de la ley 184 sino de las propias personas que en diferentes casos se van para los Estados Unidos y no les interesa salvar su casa, también hay otras situaciones en las cuales los deudores no responden a las demandas de cobro. Álvarez destacó que la migración es uno de los factores más preocupantes en estas situaciones.
A su vez el Presidente de la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativas, senador Eric Correa quien estuvo acompañado por su homólogo Nelson Cruz, indagó del porque si la ley establece que la mediación en estos conflictos es compulsoria no se refieren todos los casos de ejecución hipotecaria, a lo que la Asociación respondió que los jueces mal interpretan el título de la ley (Ley 184).
