Un examinador forense del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) testificó que el tracto de las pistolas ocupadas en una residencia del productor y manejador musical Raphy Pina refleja que no se habían vendido a ningún comprador hasta el 2016 y 2017, es decir, luego de que el empresario hubiera sido convicto a nivel federal por un caso de fraude hipotecario, caso que lo dejó inhabilitado para poseer armas de fuego.
El examinador, Bryce Ziegler, declaró además que una de las dos armas, una Glock calibre 9 milímetros, estaba modificada para disparar de manera “completamente automática”.
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El segundo de los cargos contra Pina, precisamente, le imputa poseer ilegalmente un arma automática.
“Las dos armas (que alegadamente poseía Pina) son muy similares en su funcionamiento. (La Glock) había sido alterada para disparar de manera completamente automática. Cuando halas el gatillo una vez, se supone que solo dispare una ronda de municiones”, señaló Ziegler a preguntas de la fiscal María Montañez Concepción.
No obstante, “cuando es completamente automática, la pistola continuará disparando, si mantienes halado el gatillo, hasta que sea descargada o se le terminen las municiones”, sostuvo el perito.
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La Glock, dijo Ziegler, fue manufacturada en Austria y se vendió por primera vez el 21 de febrero de 2016 en una tienda de Ohio a un comprador –que no precisó– de ese estado.
Por su parte, la Smith & Wesson de calibre .40 se produjo en Estados Unidos y se vendió en Tenesí el 6 de mayo de 2017. Tampoco se detalló quién habría sido el comprador original del arma.
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Según se desprende del testimonio que brindó el lunes el agente del FBI Todd Gaines, ambas armas de fuego fueron halladas en un cuarto oculto detrás de un espejo en la residencia de la urbanización Caguas Real que, según la fiscalía, pertenece y ha estado bajo el control de Pina.
Reportajes periodísticos dan cuenta de que Pina solicitó declararse culpable por cargos de fraude bancario y lavado de dinero en marzo de 2015, delitos por los que recibió una pena de probatoria de dos años y una multa ascendente a $150,000 en 2016. Aunque no enfrentó cárcel por ese caso, el delito grave por el que recibió condena era castigable con una pena en exceso de un año de prisión, lo que, según el pliego acusatorio, le impedía poseer legalmente armas de fuego y municiones, como se alega en esta ocasión.
Cada uno de los dos cargos que enfrenta Pina conllevan una pena máxima de 10 años de cárcel.
De otra parte, en su esfuerzo por demostrar que Pina tenía acceso continuo a la vivienda que fue allanada en abril de 2020, donde se encontraron las dos armas y más de 500 municiones, la fiscalía federal presentó al jurado una serie de cheques emitidos por el empresario en sendas transacciones para comprar o alquilar automóviles.
El 22 de diciembre de 2018, Pina habría arrendado un vehículo Lamborghini Urus en el concesionario Gómez Hermanos de la avenida Kennedy, utilizando un cheque de la misma libreta que utilizaría en junio de este año para comprar un Bentley Bentayga. La teoría del ministerio público es que Pina utilizó, en ambas transacciones, la libreta de cheques que fue fotografiada durante el allanamiento de la residencia que se ejecutó el 1 de abril de 2020.
El cheque emitido en conexión con el alquiler del Lamborghini–un vehículo valorado en $380,000– tenía la numeración 113, mientras que, en junio de este año, Pina habría emitido dos cheques –posteriormente cancelados– con la numeración 161 y 162, relacionados con la compra del Bentley, que tenía un precio de $207,000.
Una de las fotografías admitidas en evidencia del allanamiento de abril de 2020 muestra un cheque en blanco identificado con el 151, es decir, ubicado numéricamente entre los cheques que se habrían utilizado para las transacciones vehiculares de diciembre de 2018 y junio de 2021.
La documentación relacionada con la adquisición de ambos vehículos de lujo fue respaldada por el testimonio de Maité Olivero, gerente de Financiamiento de Gómez Hermanos.
Transacciones con la casa allanada
Las transacciones con la residencia de Caguas Real, en tanto, fueron el eje del testimonio del abogado Rey De León Colón, quien notarizó las dos escrituras de compraventa registradas.
Según los documentos que De León Colón autenticó, Pina adquirió la vivienda en 2004 a un precio de $492,000. En 2009, sin embargo, un individuo identificado como Omar Rodríguez Vázquez asumió el balance de $469,831 que restaba en la hipoteca y, paralelamente, emitió un pago adelantado a favor de Pina por $170,169 el mismo día de la transacción.
Sin embargo, según la fiscalía, Pina continuó realizando los pagos de la hipoteca, así como asumiendo los gastos de utilidades de la vivienda, algo que María Domínguez, abogada de defensa, planteó que estaba justificado pues la obligación con el banco continuaba siendo del productor musical. Según Domínguez, el crédito de Pina se hubiera visto afectado si existía algún tipo de incumplimiento con el banco.
En un momento dado, no obstante, el fiscal José Ruiz llevó a De León Colón a responder que, de haber sabido que Rodríguez Vázquez no tenía intención de asumir los pagos hipotecarios, no habría notarizado las escrituras de la transacción en 2009. Domínguez, por su lado, argumentó que la transacción no se convierte en un fraude si, en algún momento a lo largo de la vida de la hipoteca, el vendedor se ve en la posición de abonar a la deuda de la propiedad.
Más adelante, Francisco Martínez Colón, asistente legal de Oriental Bank –institución que adquirió de Doral Bank la hipoteca de la casa de Caguas Real–, testificó que, el 30 de mayo de 2019, Pina emitió un cheque de gerente por $368,455.78 para saldar el balance del principal e intereses por el préstamo original. En la documentación relacionada al pago, dijo Martínez Colón, no aparece ninguna referencia a Rodríguez Vázquez, lo que abonaría a la teoría de la fiscalía de que era Pina quien mantenía el control de la residencia y, por ende, de los bienes que en ella se encontraran.
Hoy, en el tercer día del juicio, también declaró Ricardo Tricoche, director de servicio de la empresa de mueblería Global Mattress. En su testimonio directo, señaló que Joed Romero, una persona que ha sido mencionada en el caso por la fiscalía, realizó varias compras de productos que recibió mediante el mecanismo de entrega a domicilio.
La defensa puntualizó que, en el interrogatorio directo, la fiscalía no le presentó a Tricoche unos documentos que evidencian que Pina también hizo compras a Global Mattress, que fueron entregadas en una residencia en la urbanización Ciudad Jardín, en Gurabo. El pasado lunes, en el primer día de juicio, la defensa señaló que una declaración jurada de otro agente del FBI, Justin Turner, apunta que esa entidad federal tenía conocimiento de que Pina residía precisamente en Gurabo y no en la casa de Caguas Real que fue allanada.
El juicio federal, que preside el juez Francisco Besosa, continúa mañana, jueves, desde las 9:00 a.m.
