El juicio contra el productor musical Raphy Pina entra hoy a su segunda semana luego de cuatro días en los que la fiscalía hizo desfilar a 13 testigos y sobre un centenas de pieza de evidencia como parte del caso en que el gobierno estadounidense busca probar la alegada posesión ilegal de armas en una residencia de su propiedad.
La defensa de Pina, que lideran los abogados María Domínguez y Francisco Rebollo, se ha enfocado en desvincular al empresario de la industria de la música urbana del día a día de la vivienda ubicada en la urbanización Caguas Real, propiedad que fue allanada el 1 de abril de 2020 por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), cuyos agentes encontraron ese día un cuarto oculto por un espejo en el dormitorio principal.
Dentro del pequeño cuarto secreto se encontraron una caja fuerte, un teléfono satelital, cargadores de municiones, una bayoneta (una especie de cuchillo militar, según la fiscalía) y una funda para guardar armas, además de las dos pistolas por cuya posesión se acusa a Pina, según se desprendió el testimonio de Todd Gaines, el agente del FBI que estuvo a cargo del operativo. Gaines fue el primer testigo que la fiscalía sentó a declarar en el juicio.
En su intento por demostrar que Pina se encontraba en “posesión constructiva” de las dos armas de fuego y 526 municiones que se incautaron en la residencia de Caguas, los fiscales José Ruiz y María Montañez Concepción lograron establecer que el también manejador de artistas continuó realizando pagos ordinarios relacionados con la residencia hasta, al menos, semanas antes del allanamiento. Asimismo, un perito del FBI, Bryce Ziegler, testificó que las dos armas ocupadas fueron adquiridas inicialmente en el mercado en los años 2016 y 2017, respectivamente.
Aunque en el testimonio no se precisó quién compró las pistolas en esas fechas, lo cierto es que desde 2015 Pina está impedido de poseer armas de fuego y municiones, como consecuencia de su alegación de culpabilidad en un caso federal por fraude bancario.
Además del cargo por posesión ilegal de armas y municiones –que puede conllevar una pena carcelaria de 10 años–, Pina enfrenta otro cargo por haber alterado una de las pistolas para que disparara de manera automática. El segundo cargo también conlleva una pena de hasta 10 años.
El propio Ziegler, quien examinó las armas incautadas, declaró que la Glock 9 milímetros que se encontró en la casa de Caguas Real, en efecto, había sido modificada para funcionar como arma automática. La otra pistola ocupada es una Smith & Wesson de calibre .40.
Por su lado, la defensa ha puntualizado que Pina, al momento del allanamiento, no residía en la casa de Caguas Real, sino en la urbanización Ciudad Jardín, en Gurabo. A esos efectos, Rebollo aludió, durante el contrainterrogatorio a Gaines, a una declaración jurada de Justin Turner, agente a cargo del caso para el FBI, quien presuntamente señaló el 2 de abril de 2020 –al día siguiente del allanamiento– que la entidad federal conocía que el productor residía en Gurabo.
Además, el pasado jueves, en la última vista, la defensa también resaltó que los gastos en utilidades en fechas cercanas al allanamiento son mucho más reducidos de los que se reflejaron en años previos, cuando Pina habría residido en la casa. Previamente, los abogados habían señalado que las decoraciones en dos de los dormitorios son típicas de niños pequeños, aun cuando los hijos mayores del productor ya son adolescentes.
El pasado jueves, Rebollo no precisó si la defensa presentaría testigos o evidencia exculpatoria, luego de que la fiscalía concluyera con su desfile de prueba.
“No puedo contestar eso”, dijo el abogado a la prensa a su salida del Tribunal Federal en Hato Rey.
En las cerca de 25 horas que se ha extendido el juicio, la fiscalía todavía no ha presentado al jurado una serie de grabaciones de conversaciones telefónicas en las que Pina, supuestamente, se incrimina con relación a la posesión ilegal de las armas y el control que ejercía sobre la vivienda en Caguas Real.
Entre esas conversaciones, habría al menos una con el titiritero Antulio “Kobbo” Santarrosa, manejador del personaje televisivo de La Comay, quien confirmó el pasado martes que la fiscalía lo había citado para testificar. La fiscalía, en su turno inicial, también aludió a varias grabaciones de Pina con Joed Romero, un empleado de gasolinera, cuyo nombre ha salido a relucir en varios documentos presentados durante el proceso judicial, que es presidido por el juez Francisco Besosa.
En un inicio, la fiscalía estimó que el juicio podría extenderse dos semanas. Besosa, en tanto, ha separado fechas hasta el 23 de diciembre.
