El sistema de salud del Gobierno de Puerto Rico no soportaría más recortes, por lo que es necesaria una reestructuración inmediata, opinó el exprocurador del Paciente Carlos Mellado.
El también exprocurador del Paciente detalló que el recorte de 1,000 millones de dólares en el sistema de salud del país que no provengan de fondos federales, propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal, sería muy difícil por los problemas que tiene ese sector.
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“El Gobierno republicano está hablando de hacer unos recortes. No creamos que Puerto Rico no va a recibir recortes”, sostuvo sobre la eliminación del Obamacare. Asimismo, Mellado declaró que es necesaria una reestructuración del sistema de salud puertorriqueño e hizo recomendaciones; entre las que destacan establecer alianzas entre hospitales y proveedores, aseguradoras para abaratar los costos, evaluar los copagos del paciente, así como establecer un sistema de informática para ver la elegibilidad del paciente y establecer si hay algún tipo de fraude.
“Dentro de la reestructuración, yo siempre he dicho que tenemos que evaluar cuáles son esos riesgos, qué va a establecer la misma reforma. Tenemos el Centro Médico de Río Piedras, que el Gobierno asuma ese riesgo. Ahora mismo está pagando por ese riesgo a las aseguradoras”, comentó.
Mellado manifestó que “lo más grande es el presupuesto de la reforma, pero ¿cómo es posible recortar 1,000 millones de ahí”. Sin embargo, recalcó lo delicado del asunto al tratarse de pacientes. “Al tú quitar y recortar pacientes, esa persona no va a tener ningún acceso a servicios de salud. Y qué va a pasar cuando ese paciente vaya a una sala de emergencias, va a llegar crónicamente enfermo. Al final del día el Estado tiene que asumir la responsabilidad por ese paciente. Aunque la salud en Puerto Rico no es constitucional si es estatutaria, tenemos la Ley 194, que te dice que todo paciente tiene derecho a recibir acceso de salud de la más alta calidad y ya tienes una ley ahí”, precisó.
Truenan otros sectores ante recomendaciones de la JCF
La Junta también recomendó un recorte de $300 millones a la Universidad de Puerto Rico, así como 1,500 millones en recortes en el Gobierno y disminuir $200 millones en las pensiones.
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Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico describió las recomendaciones como nefastas, radicales y lacerantes.
Mientras, el Consejo de Estudiantes de la UPR se mostró en contra de los recortes y medidas como consolidación de recintos. “El problema con la matrícula ajustada a los ingresos es que se presenta como primera opción para poder reestructurar la universidad sin un proceso de reestructuración administrativa. También afecta a la población más desventajada del país. Así que la matrícula, para equiparar los $300 millones que exige la Junta, se tendrían que triplicar los costos de la matrícula”, manifestó la presidenta del CGE de la UPR en Río Piedras, Wilmarí de Jesús. Metro intentó lograr una reacción de la presidenta interina de la UPR, Celeste Freytes, pero se indicó que ella no estaría reaccionando sobre el tema.
Karixia ortiz colaboró en esta historia.
