San Juan- En los últimos seis años se han ido de Puerto Rico ido el 20 por ciento de los médicos, 500 solamente en el último año.
Así lo advirtió hoy miércoles la comisionada residente de Puerto Rico en Washington DC, Jenniffer González, quien anunció que busca fomentar la retención de médicos en la isla comenzando con hacerle justicia en las tarifas de programas de Medicare Advantage.
Unas tarifas, recalcó, que, hoy por hoy, son “incongruentes con la realidad” del territorio y están “muy por debajo” en comparación con otros territorios.
En este sentido, recordó que más de medio millón de pacientes en Puerto Rico se acogen a los beneficios de Medicare Advantage “pero nuestro médicos reciben un pago promedio muy por debajo ya que la fórmula no se adapta a la realidad puertorriqueña al no tomar en consideración que aquí, un 73 por ciento a un 75 de los beneficiarios de Medicare se han acogido a Medicare Advantage”.
Algo dijo, que es más del doble que en los estados y que son la clientela con los ingresos más bajos y mayor cantidad de condiciones crónicas en todo el sistema.
A su vez, opinó que dicha “desigualdad” en las tarifas contribuye al éxodo de los médicos que fuera de la isla por el mismo servicio les ofrecen el doble de compensación.
En este sentido informó que en los últimos seis años se han ido el 20 por ciento de los médicos, 500 solo en el último año. La mayoría de ellos a Estados Unidos.
“La isla se nos está quedando sin médicos especialistas, aumentando la espera de pacientes por una cita y llegando a poner en riesgo la salud”, advirtió.
Esta reclamación de igualdad en las tarifas de Medicare Advantage es una de las estrategias para poder conservar en la isla a los profesionales de la salud.
Así indicó que ha dirigido una carta junto a colegas congresistas a los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare para que se revisen por la vía administrativa las tarifas del programa de Medicaid Advantage en relación a Puerto Rico y así además ayudar a la retención de médicos.
González también subrayó en el comunicado que a la isla se le han asignado tarifas equivalentes a un 26 por ciento menos que las otorgadas a Islas Vírgenes y 38 por ciento más bajas que a Hawaii.
Por otro lado, la Junta de Supervisión Fiscal le contestó en una carta a la comisionada residente sobre su reclamo de que se unan a su esfuerzo para lograr que el gobierno federal atienda, con carácter de urgencia, el abismo fiscal que se avecina cuando los fondos adicionales de medicaid que recibió la Isla bajo el llamado ‘Obamacare’ se terminen a finales de año.
“Es indispensable que la Junta, como mínimo, presione activamente al gobierno federal a favor de la extensión de los cerca de $1,200 millones del ACA que terminan por disposición de la misma ley a fin de año”, pidió la comisionada.
En su respuesta, la Junta de Supervisión Fiscal, a través de su presidente, José Carrión, reconoció los retos que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico en ofrecer acceso a servicios de salud de calidad a su población debido a la crisis fiscal, y como esta situación se complicaría aun mas de no extenderse el nivel de la aportación actual del gobierno federal al programa de Medicaid local.
“Valoramos y apreciamos su liderato en atender este asunto tan complicado en el Congreso y con gusto participaremos en cualquier negociación donde el futuro de la financiación federal del sistema de salud de Puerto Rico sea discutido,” estableció Carrión en su misiva.
En la comunicación, la Junta reconoce este esfuerzo y los planteamientos hechos por la comisionada y por primera vez los adopta como suyos. Copia de la comunicación oficial del organismo será entregada por la comisionada al liderato congresional.
La reclamación de mejores tarifas de Medicare Advantage está en línea con lo propuesto en diciembre por el Grupo de Trabajo para el Desarrollo Económico de Puerto Rico compuesto por congresistas de ambas cámaras y de ambos partidos donde recomiendan el ajuste tarifario.