El líder de coalición de gobierno de Rumania declaró el lunes que el gobierno no renunciará a pesar de masivas protestas en contra de una ley que flexibilizaría las normas contra la corrupción.
Sin embargo, surgían indicios de que el gobierno se abstendría de impulsar de inmediato la propuesta de despenalizar ciertas faltas de conducta de parte de funcionarios, que sirvió como detonante para las manifestaciones.
El primer ministro Sorin Grindeanu reconoció que “la ley ha estado creando divisiones” y dio a entender que podría destituir al ministro de justicia en cuestión de días.
Las protestas continuaban el lunes por la noche, cuando cientos de partidarios del gobierno se aglomeraron frente al palacio presidencial, culpando al presidente Klaus Iohannis por la crisis. El presidente ha sido un duro opositor de la propuesta.
También surgieron protestas, por séptima noche consecutiva, frente a las agencias del gobierno en la Plaza de la Victoria, donde la concentración se convirtió en la mayor de la historia del país desde la caída del comunismo en 1989.
El líder de los socialdemócratas Liviu Dragnea salió de una reunión con otros partido de gobierno el lunes por la mañana y declaró: “Expresamos enfáticamente nuestro apoyo al gobierno… y al primer ministro”.
El domingo, el gobierno dio marcha atrás tras seis días de protestas en contra de un decreto de emergencia según el cual no sería delito una malversación de fondos si la suma era menor al equivalente de 48.500 dólares. Otra versión de la propuesta será llevada al Parlamento, donde los oficialistas tienen mayoría.
Sin embargo, en un indicio de que el gobierno está teniendo reservas sobre el tema, el ministro de Justicia Florin Iordache dijo luego en un comunicado: “no estoy ocupado” redactando el texto.
“Actualmente el ministro de Justicia se está concentrando en las decisiones publicadas por la Corte Constitucional… para ser analizadas en el futuro cercano”.
