A continuación presentamos los puntos relevantes del proyecto de ley de salud presentado ayer por los republicanos de la Cámara de Representantes con el fin de desmantelar la reforma de salud del expresidente Barack Obama y reemplazarla con un sistema diseñado de acuerdo con líneas conservadoras. Los más afectados serían las aproximadamente 20 millones de personas que compran sus pólizas de seguros directamente a las aseguradoras y las más de 70 millones cubiertas por el Medicaid, el programa federal-estatal para personas de bajos ingresos.
Estos son algunos de los componentes principales:
Seguro privado de gastos médicos
- Proporciona créditos fiscales a las personas que compren su propio seguro de gastos médicos. Los subsidios serían establecidos principalmente con base en la edad, y se incrementarían a medida que la persona envejece. El apoyo financiero sería retirado gradualmente a individuos con ingresos superiores a $75 mil y a parejas casadas que ganen más de $150 mil. Los subsidios podrían ser utilizados para adquirir cualquier plan aprobado por un estado.
- Elimina los subsidios de compartición de costos de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible de Obama que ayudan a la gente con ingresos modestos a hacer frente a los costos de los deducibles y copagos. Los estados, sin embargo, tendrían la opción de proporcionar apoyo similar con financiamiento federal.
- Amplía enormemente las contribuciones a las cuentas de ahorro para atención médica, las cuales le permiten a la gente con seguros que tienen deducibles altos cubrir gastos que su plan no paga.
- Protege a las personas con problemas de salud preexistentes de que se les niegue la cobertura. Sin embargo, los consumidores deben mantener la cobertura ininterrumpida, porque de lo contrario enfrentarían un cargo adicional del 30% a sus primas. Los estados podrían utilizar dinero federal con el fin de crear fondos de alto riesgo para que funjan como aseguradoras de último recurso.
- Preserva una cláusula de la ley de Obama que permite que los adultos jóvenes continúen cubiertos por las pólizas de sus padres hasta que cumplan 26 años de edad.
- Le permite a las aseguradoras cobrarles a sus clientes de mayor edad hasta 5 veces más de lo que le cobran a los adultos jóvenes. La ley de Obama limita esos cobros a 3 veces más.
- Prohíbe el uso de créditos fiscales para comprar cualquier plan que cubra abortos por elección. En la actualidad, si un plan de seguro cubre abortos debe cobrar una prima por separado para pagar tales procedimientos.
Medicaid
- Mantiene hasta el final de 2019 el aumento en el financiamiento federal contemplado en la ley de Obama para el Medicaid ampliado. Después de eso, los estados sólo podrían continuar recibiendo pagos federales incrementados para los beneficiarios ya cubiertos por la expansión, la cual ha ayudado principalmente a adultos de bajos ingresos que no tengan niños en casa. Pero para los beneficiarios recién inscritos, el gobierno federal proporcionaría un nivel más bajo de financiamiento.
- Reforma el programa Medicaid ampliado para cancelarle el financiamiento federal ilimitado. En lugar de éste, cada estado recibiría una cantidad limitada con base en la cantidad de inscritos y sus costos. Ese pago federal sería aumentado de acuerdo a una medida gubernamental de la inflación en los gastos médicos.
- Impone un congelamiento de un año a los fondos otorgados a Planned Parenthood, un proveedor de servicios de salud para mujeres, entre los que se incluye el aborto.
Multas e impuestos
- Elimina las multas ordenadas por la ley de Obama a las personas que continúan sin seguro de gastos médicos y a los empleadores grandes que no ofrecen seguro. La cancelación sería retroactiva a 2016.
- Elimina los impuestos del Obamacare a las personas con ingresos altos, a los inversionistas, a las pólizas de seguro de salud y a los fabricantes de aparatos médicos. Revoca un impuesto del 10% al bronceado bajo techo.
Cobertura
- Se prevé que la ley propuesta por los republicanos dará cobertura a menos personas que la ley de Obama, pero la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso aún no ha proporcionado estimaciones al respecto.
