La decisión del presidente venezolano Nicolás Maduro de convocar a una asamblea para modificar la constitución desató hoy nuevas manifestaciones contra el gobierno y cuestionamientos de varios países, mientras la oposición llamó a desobedecer el proceso.
Centenares de opositores bloquearon algunas vías del este y oeste de Caracas con barricadas de basura, árboles, escombros, metales retorcidos y hasta banderas venezolanas de varios metros de largo que fueron colgadas entre los postes de luz. Las protestas se extendieron a otras ciudades del país.
“Estaremos en las calles hasta que el Estado entienda la inconformidad con la Asamblea Constituyente”, dijo Jorge Luis Olivares, un economista de 55 años, mientras caminaba frente a una barricada levantada por un grupo de vecinos en medio de una avenida que comunica el este de la capital con la localidad de El Hatillo.
“La gente desea un cambio más rápido”, agregó Olivares al asegurar que el proceso constituyente podría extenderse por 25 meses y que los “venezolanos no estamos dispuestos a esperar tanto tiempo”.
En algunas barriadas de clase media y popular del este de la ciudad decenas de guardias nacionales lanzaron gases lacrimógenos hacia los edificios y casas para dispersar a los manifestantes, lo que generó problemas de asfixia entre los habitantes de esas zonas.
La Fiscalía General indicó que durante una manifestación que se registró este martes en la barriada pobre de Petare, al este de la capital, resultaron heridos cinco guardias nacionales, un jefe policial, y dos civiles. Las manifestaciones callejeras que se iniciaron a finales de marzo han dejado 29 muertos y más de 400 heridos.
La mayoría opositora de la Asamblea Nacional rechazó durante una sesión especial la iniciativa del mandatario alegando que la convocatoria a la Constituyente es “fraudulenta” porque se aprobó sin realizar un referendo previo, tal como contempla la constitución. Los congresistas opositores instaron al resto de los poderes públicos y los militares a que no apoyen la acción de Maduro que fue considerada como un “golpe de estado continuado”.
La convocatoria a la Constituyente fue cuestionada por Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos y el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Fitzpatrick, dijo a la prensa que Washington tiene profundas preocupaciones sobre las motivaciones de la asamblea, y planteó que el proceso “erosiona aún más” la democracia venezolana. Fitzpatrick indicó que Estados Unidos se reserva la posibilidad de hablar con otros países de la región para evaluar posibles “sanciones coordinadas”, y considerar más sanciones individuales a miembros del gobierno. El Departamento del Tesoro sancionó en febrero al vicepresidente Tareck El Aissami quien fue acusado de narcotráfico.
Maduro instó la noche del lunes a sus seguidores a emprender una “gran batalla” para avanzar en la elección de los candidatos que integrarán la Asamblea Constituyente. Al explicar los alcances del proceso el mandatario dijo que se buscará ampliar el sistema judicial, promover nuevas formas de “democracia participativa” y garantizar la defensa de la soberanía e integridad de la nación.
El abogado Hermann Escarrá, cercano al oficialismo, negó que el proceso implique una sustitución de la constitución de 1999 que impulsó el fallecido presidente Hugo Chávez y planteó, en una entrevista en la televisora estatal, que se buscará adecuar el texto constitucional a las “nuevas realidades”.
Pero el abogado y académico José Ignacio Hernández dijo a The Associated Press que de acuerdo con la “fraudulenta” interpretación que realizó Maduro de la constitución, el Congreso y el resto de los poderes no podrán impedir ni controlar las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.
Hernández indicó que esa situación será utilizada por el gobierno para consolidar la “usurpación de funciones” del Legislativo.
El académico agregó que este proceso le permitirá al gobierno diferir las elecciones regionales, pendientes desde el año pasado, y cualquier otra elección hasta que se apruebe una nueva carta magna, situación que podría afectar también las elecciones presidenciales que están previstas para el próximo año.
Maduro adelantó que la Asamblea Nacional Constituyente estaría integrada por 500 miembros, de los cuales la mitad serán elegidos por los gremios de trabajadores y las comunidades y el resto en estructuras territoriales que no precisó.
La oposición ha acusado a Maduro de utilizar a los poderes Judicial y Electoral para postergar las elecciones y evitar una derrota ante el creciente descontento hacia el gobierno por la crisis que enfrenta el país.
