De acuerdo con un reporte de la Uniformada, al cual Metro tuvo acceso de forma exclusiva, el pasado 28 de mayo la fiscal Mirary Rivera decidió cerrar el caso que se seguía contra el cura de Corozal por entender “que el perjudicado no es testigo hábil”.
Por “testigo no hábil” se entiende que la víctima no estuvo disponible para prestar testimonio, que sus declaraciones no eran creíbles o que se retractó de las imputaciones.
Las alegaciones contra el cura quien se encuentra actualmente suspendido del ejercicio ministerial, se radicaron el 22 de febrero, dos personas lo hicieron.
El primero de los querellantes, Ángel Atiles Candelario —en representación de la Diócesis de Arecibo—, destacaba que el sacerdote “cometió acoso sexual” contra el menor, que hoy tiene 17 años.
El segundo, Luis A Colón, denunció al sacerdote “de cometer actos lascivos” contra la misma víctima.
Por estos señalamientos el cura fue citado en marzo al CIC de Vega Baja para someterse a un interrogatorio, pero aunque acudió no prestó declaraciones. Su abogado, Andrés Rolón, argumentó que a su cliente no se le había notificado de alguna imputación.
El menor que alegó ser víctima de actos lascivos por parte del cura también fue entrevistado.
La fiscal Rivera no estuvo disponible para hablar sobre este particular, al igual que la agente investigadora del caso, Mayra Rivera Vega, de la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, quien se encuentra de vacaciones.
El abogado del sacerdote tampoco quiso reaccionar ya que, según se indicó, lo hará en una conferencia de prensa convocada para mañana.