Nuevamente se anuncia con bombos y platillos una reforma contributiva mediante mensaje político televisado y pagado con fondos públicos. Una vez más, sin el más mínimo consenso social ni político, sin que existiese la posibilidad de aportaciones desde los diversos sectores afectados por la misma. Seguido del mensaje vino la radicación de un extenso proyecto de ley que, así de largo, así de abundantes las objeciones, las críticas y sobre todo las preocupaciones que ha provocado.
En 2007, el entonces secretario del DACO y hoy gobernador decía que con el IVU se estaban realizando “cambios dramáticos al sistema tributario”. Argumentó: “Disminuye la evasión contributiva” y además sostuvo que “se le acabó la excusa al Gobierno para no tener fondos para arreglar el país”. Ahora, con él al mando, pretende que le creamos que ha descubierto la vacuna para salvar las finanzas del país y que la imposición del IVA acabará con la ya histórica ineficiencia de todas las administraciones para erradicar la evasión. Estos gobernantes son esos mismos protagonistas que con otros nombres destronarán el IVU para imponer el IVA, que volverá a golpear a la clase trabajadora, a la clase media, a los comerciantes, a los estudiantes, a las jefas de familia. Sigue así la desigualdad contributiva.
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Pretende el gobierno del Partido Popular que paguemos un impuesto de aproximadamente 16 %, que utilizaría para tratar de pagar una deuda pública que resulta impagable a menos que se renegocie. Y pretende salvar un banco del Gobierno que ellos mismos con acciones y omisiones han llevado a la quiebra. Mientras, las posibilidades de mejorar la infraestructura y de encaminar nuestro desarrollo económico quedan en el limbo.
Existe una premisa básica en la gestión pública: los impuestos y tributos que se le pagan se deben recibir en servicios. Sin embargo, estaremos pagando el IVA, pero no tendremos un sistema de transportación pública masivo eficiente; ante el desastre de Educación en la prestación de servicios, miles de familias pagarán IVA por los servicios y terapias privadas a sus hijos e hijas con necesidades especiales; ante la ausencia de un plan nacional para centros de cuidados, muchas jefas de familia pagarán IVA por el cuido de sus hijos; miles de jóvenes de escasos recursos pagarán IVA por estudiar en las universidades privadas; miles de familias pagarán IVA por recibir servicios médicos ante la inexistencia de un necesario plan de salud universal. La ya dificultosa “jalda” del acceso a la justicia se inclinará aún más.
Resulta, además, una malvada ilusión pensar y hacernos creer que todo el mundo va a pagar por igual. Vivimos en una sociedad con una gran desigualdad en la distribución de los ingresos y en la posesión de la riqueza. Los cambios contributivos tienen que partir de esa realidad. Decir, por ejemplo, que aquellas familias que no quieran pagar IVA por la educación de sus hijos simplemente deben moverlos a escuelas públicas es una irresponsabilidad llena de cinismo. No se detienen a pensar y a analizar el porqué ni a evaluar las múltiples y complicadas consecuencias que han tenido los desaciertos de sus administraciones.
Existe el consenso de que el sistema contributivo ha sido y es un desastre, pero, desgraciadamente, estos cantos de sirena del Gobierno con su nueva propuesta no auguran mayores cambios. Será más de lo mismo. Habrá vistas públicas; nos invadirán con publicidad como si hubieran descubierto con esta legislación el paraíso perdido, y, mientras tanto, el pueblo seguirá pagando los platos rotos.
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