El senador José Nadal Power, del Partido Popular Democrático (PPD), informó que el Senado aprobó la resolución 544, de su autoría, y que le ordenó a la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas realizar una investigación sobre el manejo, distribución, desembolso y uso de los fondos federales de la Ley de Reinversión y Estímulo Económico Federal (American Recovery and Reinvestment Act, ARRA).
Según la exposición de motivos de la medida, Puerto Rico recibió aproximadamente siete mil 30 millones de dólares en fondos federales provenientes de la Ley Pública 111-5-17 de febrero de 2009 (ARRA), de los cuales una cantidad sustancial ya fue desembolsada.
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“Debido a la gran cantidad de fondos, la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo han sido distribuidos y utilizados para así garantizar su administración responsable y transparente. Pese a que los fondos debían ser usados principalmente para revitalizar la infraestructura del país, una cantidad significativa terminó sufragando las deficiencias presupuestarias del gobierno, cuyo déficit estructural a enero de 2013 fue estimado en dos mil 200 millones de dólares”, sostuvo.
Nadal Power explicó que “la Comisión entendió prudente para propósitos de eficiencia administrativa, limitar la investigación a aquellas agencias que recibieron la mayor cantidad de fondos a través de ARRA y a aquellas de mayor interés público (Departamentos de Educación, de la Familia y Salud). La Comisión de Hacienda realizó siete vistas públicas para contestar dicha interrogante”
Los hallazgos parciales de la Comisión se resumen en los siguientes puntos:
El exgobernador Luis Fortuño designó a un grupo de trabajo del Plan de Estímulo Económico Federal con la encomienda de identificar y desarrollar estrategias y orientar a las agencias y otras entidades gubernamentales acerca del uso adecuado de los fondos ARRA. No obstante, el comité tuvo ninguna o poca injerencia con la agencias del ELA en torno al manejo de los fondos ARRA.
La ley 8 de 2009 designó y autorizó a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) como la entidad gubernamental líder encargada de gestionar, recibir, custodiar y administrar los fondos ARRA con las agencias. Sin embargo, la AFI tuvo ninguna o poca injerencia en la fiscalización y manejo de los fondos ARRA.
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Agencias como el Departamento de Educación y el Departamento de la Familia que recibieron sobre mil millones de ARRA no fueron capaces de proveer información detallada del efecto de dichos fondos, porque no tenían sistemas adecuados de almacenamiento de datos ni métricas.
La falta de métricas en las agencias fue un problema real que promovió la ineficiencia, ya que en pocas excepciones se pudo evidenciar concretamente cómo los fondos ARRA impactaron las operaciones y servicios de la agencia.
Los fondos otorgados a las agencias estudiadas no crearon empleos duraderos. Se crearon algunos empleos temporeros e incluso, en el Departamento del Trabajo, se dejaron perder fondos ARRA para la creación de empleos categorizados como “green jobs”. Dicha agencia también indicó que los empleos creados por ellos fueron de carácter temporero.
Según señaló Nadal Power, en casos como la Universidad de Puerto Rico (90% para nómina) y el Departamento de Educación (casi 50% para nómina), gran parte de los fondos ARRA se utilizaron para cuadrar nóminas y no para invertir en infraestructura.
A su vez, el Departamento de la Familia, agencia que recibió la mayor cantidad de ARRA, reportó varias irregularidades y otros señalamientos por deficiencias en el monitoreo de los fondos. En el informe de la medida, la comisión concluyó que los ARRA sirvieron primordialmente un rol estabilizador temporero en las agencias.
“Su uso no residió en la realización de obras que promovieran la inversión y el desarrollo económico en Puerto Rico y crear empleos. Tampoco, con ciertas excepciones (Vivienda y DTOP), sirvieron para la realización de obras y mejoras permanentes”, informó el senador.
Indicó que la investigación inicial les permitió auscultar en qué se invirtieron los fondos ARRA en sus principales recipiente y que “los próximos pasos irán dirigidos a auscultar por qué la AFI no ejerció su rol, según lo dictó la Ley 8-2009. Igualmente, debemos saber el por qué la AFI contrató a una empresa privada para llevar a cabo dicha función”.
Concluyó que los que intentan “es pintar un cuadro más claro de cuál y cómo fue el manejo que la administración de Fortuño hizo con unos fondos asignados para estimular la economía. Por mala administración y negligencia durante el cuatrienio pasado, el pueblo de Puerto Rico no pudo aprovechar una gran oportunidad. El pueblo merece saber qué ocurrió con estos fondos”.
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