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El superintendente Auxiliar en Investigaciones Criminales, coronel Antonio López Figueroa y el director de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, Alberto Valcárcel dieron a conocer hoy el esquema de fraude que llevo a cabo una organización en la que dos exempleados de la Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatoria (ASC), seis policías municipales de Cidra y otros civiles, tramitaban reclamaciones falsas contra esa entidad.
Según se desprende de la investigación realizada por la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, en conjunto con la División de Robo a Bancos de la Policía de Puerto Rico, José L. Pagán Rivera y Wilnelia Ortega Amaya -exempleados de la oficina de ASC en Caguas- participaron en el esquema del 2008 al 2013 junto a Pablo Oyola Cotto y Luis E. Torres Díaz (padre) y Luis J. Torres Díaz (hijo), quienes lideraban el esquema.
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“En este esquema no tan solo participaron civiles y empleados del gobierno, sino seis agentes de la Policía Municipal de Cidra quienes radicaban las querellas de accidente automovilístico y con la participación de dos empleados del ASC, que se encargaban de procesar, alterar y falsificar los documentos para la radicar las falsas reclamaciones con los que defraudaban la Compañía de Seguro; logrando apropiarse mediante fraude de la suma de 160 mil dólares”, expreso López Figueroa.
Por su parte, Valcárcel añadió: “Esta es la primera vez que sometemos un caso en donde nos encontramos con un esquema que abarca a tantas personas, pues son 39 los involucrados. Esta es una investigación que continúa y estaremos pendientes a las reclamaciones fraudulentas que surjan”.
Esta organización logró realizar más de cien reclamaciones fraudulentas a la ASC presentando información falsa sobre accidentes de tránsito que nunca ocurrieron. Oyola Cotto, junto a los Torres Díaz, reclutaban a personas para que les proveyeran información- como números de licencia de conducir y tarjetas de identificación- necesaria para hacer la reclamación.
Luego, se comunicaban con los policías municipales de Cidra para brindarles la información requerida para efectuar las reclamaciones. Tras obtener la información de las personas que estaban involucradas en los supuestos accidentes, los policías preparaban los informes y les asignaban un número de querella.
Es ahí donde Oyola Cotto y los Torres Díaz se comunicaban con los aparentes perjudicados para otorgarles el número de querella y una relación de hechos sobre los alegados accidentes, para que así pudieran iniciar el proceso de reclamación.
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Los conspiradores se beneficiaron de la determinación de la ASC de no requerir la comparecencia de la persona causante del accidente, pues bastaba con que la ASC recibiera una llamada de una persona aceptando responsabilidad del accidente, no teniendo que asistir a las oficinas de la aseguradora.
Una vez la reclamación estaba en las oficinas de la ASC en Caguas, la parte perjudicada en el alegado accidente indicaba que el vehículo no funcionaba o que no tenía el estimado de daños. En esas situaciones, las reclamaciones eran desviadas y atendidas por los dos exempleados de la ASC, quienes aprovechándose de sus posiciones utilizaban estimados y fotos de reclamaciones legítimas para incorporarlas en el expediente.
De esta forma, se justificaba el pago máximo de $4,000 por reclamación fraudulenta. Finalmente, el cheque recibido se distribuía entre los cabecillas, los policías municipales, los exempleados de la ASC y los reclamantes fraudulentos.
Este esquema fue descubierto gracias al referido que hiciera la ASC al Departamento de Justicia luego de llevar a cabo una investigación interna en la agencia, junto a la División de Robos a Bancos de la Policía.
Por los hechos antes expuestos los magistrados Isander Rivera y Luis B. Rivera del Tribunal de Primera Instancia de Caguas encontraron causa para arresto en 616 denuncias presentadas contra 39 personas por llevar a cabo reclamaciones fraudulentas que conllevaron la comisión de apropiación ilegal, falsedad ideológica, apropiación ilegal de identidad, perjurio y violaciones al Código de Seguros. Contra los implicados se les fijó una fianza ascendente a $3,714,600.00 millones.
Los cargos fueron presentados por los fiscales Edwin Ortiz Rivera III y Rosa Molina Pérez, de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia.
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