El representante José Báez Rivera radicó el lunes el Proyecto de la Cámara 2948, que pretende consolidar 58 municipios en 20, luego de una consulta al pueblo.
Según el representante del Partido Popular Democrático (PPD) su propuesta “producirá ahorros que superan los $100 millones”. Además, aclaró que “el mismo proyecto establece que se establecerán zonas municipales para retener y darle permanencia a la demarcación geográfica y el nombre”.
Los ahorros se verían , a juicio del legislador en la “reducción de impuestos municipales, en la amortización de deudas con el Banco Gubernamental de Fomento y así acapitalizarlos, se puede usar para devolverle el IVU municipal para q ue puedan cumplir con los servicios esenciales”.
Báez especificó que esta consolidación, no necesariamente, implicará proponer despidos de los empleados municipales, sino que serán los propios alcaldes “quienes van a determinar los destinos de cada municipio consolidado”. En cuando a quiénes tomarían las riendas de la administración de los pueblos consolidados, Báez explicó que tendría que haber un acuerdo entre los alcaldes, para luego celebrar unas elecciones donde los residentes puedan decidir.
El representante Popular espera que la medida se pueda ver antes de que concluya esta sesión legislativa.
“La atención de la medida va a depender del pueblo. Si por los legisladores y alcaldes fueran en un proceso electoral se entierra en todos los papeles que puedan. Es el pueblo que tiene que meter la presión. Es totalmente relevante y bien útil. Si el pueblo no la impulsa la respuesta es que no se va a atender”, explicó.
En cuanto al gasto adicional que pueda representar este referéndum en la consulta de elecciones generales en noviembre próximo en medio de toda la controversia por el proceso del escrutinio electrónico y de la impresión de las papeletas. Báez enfatizó: “si me preguntas a mí yo preferiría que se legislara la supresión directamente sin un referéndum, y la Asamblea Legislativa tiene el poder en Ley”.
“Si así se presentara sabes que podemos concluir que si no se le presenta esa consulta al pueblo no va a haber la voluntad en las bancas legislativas, porque están dominadas por los alcaldes. Yo prefiero ahorrarme el dinero y no pasar por proceso electoral“, agregó.
“Esta misma propuesta fue presentada el cuatrienio pasado, y a pesar del estado de emergencia fiscal declarado mediante la Ley 7-2009 no fue atendida. Ante la dimensión que ha tomado nuestra crisis fiscal, los que se oponen a la consolidación de municipios se quedaron sin excusas. Tendrán que trascender el yo y luchar por nosotros”, expresó Báez.
Según Báez Rivera, los cambios en los municipios serian los siguientes: Trujillo Alto en San Juan; Cataño y Guaynabo en Bayamón; Dorado, Naranjito y Toa Alta en Toa Baja; Corozal, Morovis, Orocovis y Vega Alta en Vega Baja; Barceloneta, Ciales y Florida en Manatí; Camuy, Hatillo y Quebradillas en Arecibo; Aguada, Moca, Isabela y Rincón en Aguadilla; Las Marías y Lares en San Sebastián; Añasco y Hormigueros en Mayagüez; Cabo Rojo y Lajas en San Germán; Guánica, Maricao y Sabana Grande en Yauco; Adjuntas y Jayuya en Utuado; Guayanilla y Peñuelas en Ponce; Coamo, Santa Isabel y Villalba en Juana Díaz; Aibonito, Barranquitas, Cidra y Comerío en Cayey; Arroyo, Patillas y Salinas en Guayama; Aguas Buenas, Gurabo, Juncos y San Lorenzo en Caguas; Las Piedras, Maunabo, Naguabo y Yabucoa en Humacao; Ceiba, Culebra, Luquillo y Vieques en Fajardo y Canóvanas, Loíza y Río Grande en Carolina.
“La operación de los setenta y ocho municipios le cuesta al pueblo cada año aproximadamente $2,300 millones, sin contar los cientos de millones adicionales asignados por la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, ni alrededor de $225 millones que los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica le subsidian a los municipios por el consumo de energía conocido como el CELI. Así se sufragan $4.8 millones en salarios de alcaldes, $91 millones en gastos de oficinas de los alcaldes, alrededor de $1,000 millones en nómina y las dietas de los legisladores municipales de las setenta y ocho legislaturas municipales. Unos $524 millones de patente municipal y otros $215 millones de IVU municipal son pagados por todos los constituyentes anualmente para sufragar parte de los gastos. Otros ingresos son el arbitrio de construcción y las contribuciones sobre bienes muebles e inmuebles. La consolidación producirá grandes ahorros operacionales empezando por la eliminación de cincuenta y ocho alcaldes, oficinas de alcaldes y legislaturas municipales”, sentenció.
“Una vez el pueblo ratifique la consolidación de municipios, una comisión especial producirá un plan de consolidación con el objetivo de reducir el gigantismo gubernamental, el gasto público y eliminar la duplicidad de gastos y servicios. Consolidará divisiones, determinará curso a seguir con los empleados, dispondrá de bienes muebles e inmuebles, atenderá obligaciones pendientes y armonizará asuntos contributivos, fiscales y presupuestarios. Alcaldes, presidentes de las legislaturas municipales, Hacienda y la Junta de Planificación constituirán la comisión especial”, sostuvo.
Cuando Metro le preguntó al gobernadro Alejandro García Padilla si consideraría o apoyaría esta medida legislativa, el mandatario se limitó a decir, “no la he leído”.
