La designación de Wanda Vázquez para ser la secretaria de Justicia del próximo gobierno se enfrentará a la oposición del Movimiento Amplio de Mujeres, que aludió a su mal desempeño a cargo de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y su falta de compromiso con la protección de los derechos humanos.
“Siempre favorecemos la nominación de mujeres a puestos directivos en áreas de interés público, tradicionalmente asignada a hombres, como es seguridad y justicia”, advirtió Eva Prados, portavoz del colectivo, al reconocer “el valor de la nominación de mujeres realizada ayer por el gobernador electo” Ricardo Rosselló Nevares.
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“Pero tanto la Superintendencia de la Policía como para la Secretaría de Justicia, los méritos deben hablar por las candidatas”, expresó la abogada.
Prados indicó que se oponen a la designación de la exfiscal Vázquez “por su deficiente desempeño como Procuradora de las Mujeres y su demostrado rechazo a la protección de los derechos humanos”.
En específico, señaló que Vázquez actuó “de forma desatinada, discriminatoria y anti obrera, en constante violación de la ley orgánica de la OPM, Ley 20 del 2001”, además de favorecer la pena de muerte y de eliminar el derecho constitucional a la fianza.
Esas características, argumentó, demuestran que Vázquez es una persona “sin compromiso con la protección de los derechos humanos que debe tener una secretaria de Justicia”.
El Movimiento expresó en una declaración escrita que sus integrantes sintieron “consternación” con el anuncio de esta designación ya que el Departamento de Justicia es responsable de distribuir los fondos federales para intervenir y atender a las víctimas del crimen, incluyendo la violencia doméstica y la violencia sexual.
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“Sus ejecutorias en la OPM fueron en detrimento de la atención que requerían las necesidades de las víctimas de violencia doméstica y violencia sexual en Puerto Rico”, dijo Prados.
En años recientes realizó recortes de asignaciones de fondos a organizaciones con vasta experiencia en servicios a víctimas de forma discriminada; estableció requisitos adicionales que impidieron a muchas organizaciones recibir dichos fondos, forzándolas a cerrar operaciones o eliminar personal, manifestó.
El Movimiento recriminó que Vázquez no colaboró con las organizaciones de mujeres y de base comunitaria, conforme a la ley orgánica de la OPM y las agencias federales, reuniéndose en una sola ocasión con el MAMPR en marzo de 2011.
Como presidenta de la Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia Domestica y Sexual, Vázquez actuó con “dilación y falta de transparencia en los nombramientos al Consejo Consultivo de la OPM”, según Prados.
También faltó la publicación de informes sobre rendición de cuentas de la gestión realizada y la divulgación de estudios para viabilizar planes de trabajo para establecer los servicios prioritarios para las mujeres.
Prados dijo que existen varias querellas en su contra en la Comisión Apelativa del Servicio Público por prácticas anti obreras contra el personal de la Línea de Orientación y una denuncia por parte de la líder feminista Aida Iris Cruz sobre plagio y hurto de derechos de autor del curso de “Intercesoría Legal”, que es apoyada por el MAMPR.
“Vázquez, como procuradora, no ha tenido la capacidad de defender y velar por los derechos de todas sin discriminación y ha sido marcado su silencio en momentos en los que su voz era importante para adelantar y proteger los derechos humanos de las mujeres”, opinó Prados.
La organización recordó al gobernador electo que el mandato de la ley que creó la Oficina y el Puesto de Procuradora de las Mujeres (ley 20 de 2001) “reconoce el poder a las organizaciones feministas y de servicios a las mujeres de recomendar candidatas para el puesto”, por lo que comenzarán su proceso de consulta para someter candidatas al puesto.
