La Legislatura tiene a su cargo evaluar un proyecto de ley del Ejecutivo que le daría libre albedrío a sustituir cualesquiera de los miembros que componen las juntas de gobierno —incluyendo la de la Universidad de Puerto Rico (UPR)-— si estos no están a tono con su política de gobierno.
Se trata del Proyecto de la Cámara 451, que crearía la Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico.
Entre varios puntos de la pieza legislativa está el que dispone que el primer mandatario tendrá la potestad de nombrar o remover a cualquier miembro del cuerpo rector que no cumpla con su política pública y con el plan fiscal que apruebe la Junta de Control Fiscal creada en virtud de la Ley PROMESA.
La presentación de esta medida movilizó a la comunidad estudiantil universitaria, pues la ley que aplicaría aún no es específica sobre los miembros que son elegidos para representar a los estudiantes. Según el estudiantado, esto representaría un atentado contra la autonomía universitaria.
El representante estudiantil a nivel graduado en la Junta de Gobierno de la UPR en Río Piedras, Gilberto Domínguez, informó en entrevista con Metro que tal como está redactado el proyecto actualmente sí interferiría con el balance que debe tener la composición de su junta de gobierno.
“Solicitamos [a los legisladores] que se excluya a los que son los representantes electos. Cuando entramos al micro, que es la UPR, tienes miembros que no son nombrados por el gobernador. En la UPR hay miembros elegidos por sus pares”, explicó Domínguez.
Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario, afirmó que la autonomía del primer centro docente del país no se trastocaría con la aprobación de esta ley.
“No”, sostuvo cuando Metro le cuestionó sobre la denuncia de una violación de la autonomía universitaria ante las prerrogativas del gobernador sobre los miembros de la junta dentro de los poderes de esta ley.
“Se va a trabajar el problema fiscal y de legislación federal que tiene la UPR hoy, que está en quiebra”, agregó el funcionario del Ejecutivo, mas fue claro en que el miembro de una junta de una entidad pública que no colabore con el plan fiscal, “el Gobierno va a tener la potestad de remover a sus miembros”.
La portavoz del Caucus de Senadores Estudiantiles de la UPR, María del Mar Pérez, alegó que el proyecto podría poner en riesgo la acreditación de la UPR con la Middle States Commission on Higher Education, porque se especifica que los miembros de la Junta de Gobierno no deberían responder a presiones políticas ni económicas externas.
“Esta medida arrebata el derecho a los estudiantes y claustrales para discernir por temor a ser removidos de sus puestos”, aseguró en declaraciones escritas Wilmarí de Jesús, presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE).
Por otra parte, el representante estudiantil a nivel graduado, Domínguez, precisó que el estudiantado está de acuerdo con que la universidad sea un centro de ofrecimientos de servicios y adiestramientos para el Gobierno, propuesta contemplada en otra medida del Ejecutivo para así allegar fondos adicionales a la institución, mientras se mantiene intacta la fórmula del 9.6 % del Fondo General, que dispone unos $833.9 que se mantienen desde el 2014.
