La administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentó hoy un proyecto que enmienda la Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico para enfocarla en una herramienta de desarrollo económico.
La medida busca reorganizar la Junta de Gobierno de esa corporación pública y eliminar el salario de entre $60 mil y $72 mil que reciben miembros de este organismo, que fueron otorgados por la pasada administración.
La Constitución del Gobierno de Puerto Rico, en su Artículo III, Sección 16, otorga a la Asamblea Legislativa la facultad de “crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones”.
Con esto presente, el proyecto de ley establece que es necesario que “la Junta de Gobierno esté formada por personas que estén afines y dispuestos a implementar la política pública de la administración gubernamental de turno” y cumplir con los parámetros de Ley de PROMESA.
El secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés, expresó que la medida presentada propone que, de los nueve miembros de la Junta de Gobierno, sean dos los nombrados por el gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado, reteniendo y extendiendo los tres representantes del interés público electos por los clientes de la AEE. La medida revierte a tres los miembros electos por los consumidores luego de que la pasada administración creara un mecanismo para reducirlo a solo dos.
También, establece que serán parte del ente rector de la AEE el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
Rosario Cortés afirmó que se propone que “los cuatro miembros ex officio, o aquellos que sean empleados del Gobierno de Puerto Rico, no recibirán compensación alguna por sus servicios salvo el reembolso de gastos. Además, se establece solo una dieta que tiene que ser razonable y ajustada al plan de austeridad fiscal del Gobierno para quienes no son empleados públicos”.
“La política pública del gobernador Rosselló es clara, todas las instrumentalidades del gobierno deben enfocarse en el desarrollo económico y por eso se cambia la Junta para insertarle a los funcionarios ex officio que tienen ese rol. La actual Junta ha sido un obstáculo para lograr ese fin”, concluyó Rosario.
