El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Jorge Navarro Suárez presentó en la sesión del lunes un informe en apoyo al Proyecto de la Cámara 475, para enmendar el Artículo de la Ley Número 83 del 1941 relacionado a dietas y salarios de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
También revisa la composición del organismo. “Este proyecto va a darle un norte a la Autoridad de Energía Eléctrica. Va a seguir lo que establece la Junta de Supervisión Fiscal: un escenario nuevo, un ente nuevo que está supervisando que las agencias y las corporaciones entren bajo esa supervisión y que ya se le está exigiendo un plan de cómo van a reestructurar su deuda”, expresó el representante durante un turno en el que debatió sobre la medida.
Según surge de la exposición de motivos de la legislación, el exgobernador Alejandro García Padilla estableció que los miembros de la Junta de la corporación pública devengarían salarios anuales de entre 60 mil y 72 mil dólares, así como el derecho a reclamar el reembolso de gastos por concepto de transportación aérea y terrestre, alojamiento y comidas.
Esto, luego que los propios miembros de la Junta no lograran unanimidad sobre la compensación que cobrarían, como dispone la Ley de Revitalización de la AEE de 2016. Antyeriormente podían recibir hasta 600 dólares por una reunión, por concepto de dieta.
Navarro Suárez explicó que el proyecto prohíbe el pago de un salario a los miembros de la Junta de la AEE y establecería que éstos cobren una compensación por cada día de sesión regular o especial que no podrá exceder los 200 dólares.
Además, cobrarían una dieta de no más de 150 dólares por cada día que lleven a cabo gestiones relacionadas al organismo. Así las cosas, la medida plantea que ningún miembro de la Junta podrá devengar ganancias anuales de más de 30 mil dólares.
“Con este proyecto de ley en lo que es el rembolso a los miembros de la Junta de Gobierno se satisface nuestra preocupación y nuestra inquietud que ante los señalamientos económicos y de la situación precaria de la autoridad, no podemos estar pagándole a unos miembros de una Junta. Si en el 2013 cuando entró el pasado gobierno se profesionalizó esta Junta y no se le pagaba, ¿por qué a finales del cuatrienio vuelven dis que a profesionalizar nuevamente la Junta?”, cuestionó el legislador.
La Comisión de Gobierno incorporó las disposiciones de una medida de administración sobre la necesidad de reorganizar la Junta de la AEE. Se trata del Proyecto de la Cámara 773, cuyo equivalente en el Senado es el Proyecto del Senado 326.
El mismo dispone que tres de los nueve miembros de la Junta serán nombrados por el gobernador. Éstos ocuparán sus cargos interinamente hasta que el Senado confirme los nombramientos.
Además, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico, serán miembros de la Junta. Los tres integrantes representantes de los consumidores permanecerán en sus puestos hasta que se venza el término por el que fueron electos. Los representantes de los abonados serán seleccionados mediante una elección supervisada por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).
“Aquí no estamos sacando a los miembros de la Junta por puro capricho. Esta decisión no es un subterfugio para remover funcionarios públicos de estos cargos. Estoy citando el artículo 205 de la Ley PROMESA que dice que la Junta de Supervisión Fiscal podrá someter recomendaciones al gobernador y a la Legislatura sobre acciones que el gobierno territorial deba tomar para garantizar el cumplimiento del plan fiscal… ¿Qué haríamos con una Junta que no cumple con la política pública del gobierno ante estos articulados de la ley PROMESA. Van a ser grandes problemas. El artículo 201 y 205 de la Ley PROMESA detalla que los miembros de la Junta sigan lo establecido en el plan que va a establecer el gobierno a fin de mes o el plan que se le ha pedido al director Javier Quintana que no lo ha presentado”, expresó Navarro Suárez.
Este proyecto fue atendido en una vista pública de la Comisión cameral de gobierno el pasado primero de febrero. La AEE no endosó la medida, argumentando que el establecimiento de la dieta propuesta en el proyecto podría “convertirse en un obstáculo para reclutar futuros miembros para la Junta de Gobierno”.
Por último, Navarro Suárez recordó que la pasada semana se confirmó la salida de la oficial de reestructuración de la AEE, Lisa Donahue y la empresa AlixPartners, luego que iniciara el proceso de vistas públicas sobre una resolución de investigación sobre el particular. La corporación habría pagado cerca de 45 millones de dólares en tres años fiscales, como parte del contrato con la mencionada compañía, además de otros 40 millones por concepto de cuotas a los acreedores.
De otra parte, Navarro Suárez se expresó enérgicamente sobre la transacción de compraventa del estacionamiento multipisos Doña Felisa Rincón a la Empresa Muñoz Bermúdez Sociedad Especial, por 11.5 millones de dólares y criticó a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz por la misma. El legislador insistió la Legislatura debe investigar la transacción a la luz de la Resolución de la Cámara 70 de su autoría que fue referida a la Comisión de Desarrollo de la Ciudad Capital y Asuntos de la Juventud del Bajo Cuerpo.
“Yo creo que esto hay que investigarlo porque aquí hay gato encerrado. A la carrera se le otorga este contrato a una compañía; se le adelanta 1.5 millones de dólares del total del costo del financiamiento; va a la Asamblea Municipal para tener la autorización para cuadrar un presupuesto utilizando ese dinero para poder los 31 millones de dólares en exceso del Fondo de Redención de Contribución Adicional Especial y aquí pretenden que aquí no pasó nada. Queremos esto como bueno. El municipio pierde uno de los activos más importantes que tiene por atender una deuda de una administradora que ha sacado F en administrar el municipio de San Juan, porque todo ha sido a costa de préstamos utilizando el Banco Gubernamental de Fomento para cuadrar las arcas municipales… Le quedan cuatro años más a esta alcaldesa, que quiere correr para la gobernación. ¿Y así pretende gobernar a Puerto Rico?”, dijo Navarro Suárez al cuestionar a cuánto aumentará el costo del estacionamiento que pagarán los usuarios.
