Dueños de empresas de seguridad denunciaron evasión de millones de dólares en esta industria.
Sin embargo, la situación de aquellas que cumplen con todos los parámetros legales se agrava, pues, según propietarios de algunas de estas compañías, en las subastas los clientes, incluyendo el Gobierno, contratan los servicios de aquellas con precios bajos por debajo de la norma.
El propietario de G4s Security, Luis Pagán, denunció que “en esta industria la evasión es de millones de dólares. Yo he ido a subastas en las que me dicen: ‘El competidor tuyo no me cobra el IVU’”. Señaló que existe competencia desleal y muchas de ellas incumplen con leyes laborales. Cuestionó que, aunque existen sobre 70 mil guardias de seguridad, se registran muchos menos en el Fondo del Seguro del Estado, por lo que invitó a practicar el mismo ejercicio con el Departamento del Trabajo. “Es monumental la evasión contributiva de estas empresas”, expuso Pagán en una vista pública de la Cámara de Representantes, en la que evaluaron extender a 4 años la vigencia de licencias de oficiales de seguridad.
Hizo un llamamiento a “educar al país. Hay que educar al cliente y hay que penalizar al cliente que, aun sabiendo que su proveedor incumple la ley, lo contratan”.
Por su parte, José Durán, dueño de West Security Services, señaló que son víctimas de competencia desleal, ya que los clientes, en las subastas al momento de contratar agencias de seguridad, optan por aquellas que cotizan empleados a $8 u $8.25 la hora, pero señaló que “si yo cotizo lo que me sale un empleado con todos los gastos operacionales, sale mínimo a $10 un guardia desarmado o $12 armado”. Imputó al Gobierno como el ente principal que promueve la competencia desleal, lo que los obliga a continuar bajando los precios para poder subsistir. “Fui a una subasta de las compañías del Contralor y la compañía cotizó por $9”, declaró Durán, quien instó a que, además, penalicen a los clientes que promueven la práctica.
