Mediante una inversión de fondos públicos, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, le brinda seguridad 24 horas, siete días a la semana al prisionero político Oscar López Rivera, quien aún extingue condena en la casa de su hija.
Una fuente de Metro aseguró que cuatro agentes de la policía municipal prestan vigilancia ininterrumpida en los alrededores de la vivienda donde reside López y además, escoltan el vehículo que lo mueve cuando requiere hacer alguna diligencia fuera de la casa de su hija.
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De acuerdo con la fuente, los agentes asignados a la seguridad de López — dos de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y otros dos de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana— se mantienen vigilantes en la zona de Santurce en una patrulla de la Policía de uso exclusivo de técnicos de escena criminal.
La fuente de este diario destaca que los agentes que —prácticamente fungen como escolta— carecen de experiencia en esta labor. De hecho, de los dos agentes del horario de la tarde, uno es técnico de escena criminal y el otro es investigador criminal.
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“Los agentes se mantienen dándole vigilancia desde la pasada semana haciendo turnos de 12 horas, por exigencias del capitán Manuel Márquez a pedidos del comisionado de la Policía Municipal, Guillermo Calixto y la alcaldesa”, aseguró la fuente a este diario.
La seguridad para López le fue asignada el pasado lunes 13 de febrero. El preso político llegó a la Isla el día 9 de la mano de su hija Clarisa y de tres políticos: el congresista Luis Gutiérrez, la presidenta del Concejo de la ciudad de Nueva York, Melissa Mark Viverito y la alcaldesa de San Juan, quienes impidieron que López tuviera contacto con la prensa y con las decenas de personas que lo esperaban en las afueras del aeropuerto.
La alcaldesa posteriormente justificó la acción destacando que las normas de su liberación exigían que López no tuviera apariciones públicas ni contacto con la prensa hasta el 17 de mayo, fecha en que culmina su condena.
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La jefa de la capital ha sido objeto de críticas por algunos sectores por las atenciones que le ha dado a López, entre ellas, la de ofrecerle trabajo como gestor comunitario en el ayuntamiento bajo un contrato que fluctuará entre $1,800 a $2,500 al mes. En el pasado, también fue criticada por apoyar con recursos del municipio a los manifestantes en contra de la Ley PROMESA que mantenían un campamento a las afueras del Tribunal Federal.
Sobre el tema de la seguridad a López, Metro intentó obtener una reacción del comisionado de la Policía Municipal y de su oficial de comunicaciones, Carmen Serrano, pero no contestaron llamadas.
Esta no es la primera ocasión en la que la alcaldesa es señalada por brindarle escolta a allegados o personal de su administración. En el pasado, Metro reveló sobre la vigilancia de 24 horas que le alcaldesa de San Juan le asignó a la exdirectora del Hospital Municipal de San Juan, Marina Román Eyxarch, residente de Bayamón.
Aunque la alcaldesa posteriormente lo admitió —tras cambiar el grupo de seis agentes que le brinda vigilancia— nunca reveló el monto del gasto en aquella escolta.
