Mientras el Gobierno debe cumplir con el pedido de la Junta de Control Fiscal de recortar gastos que representen un ahorro de $3,000 millones al presupuesto del país, la Legislatura evalúa y aprueba proyectos cuyo impacto fiscal alcanza millones de dólares.
Uno de los primeros proyectos en ser aprobado fue el impulsado por el Ejecutivo para reducir la tasa contributiva a médicos de un 33 a 4 %, propuesta que representa un impacto fiscal de hasta $185 millones, proyectado a 15 años, con la posibilidad de extenderlo por la misma cantidad de tiempo. Sin embargo, en él se establecen requisitos para poder acogerse, por ejemplo, que el médico cumpla con horas comunitarias.
A esto se suma una medida de incentivos y beneficios contributivos a las aerolíneas que se discute en la Asamblea Legislativa y persigue crear varios fondos dirigidos a beneficiar a las compañías aéreas, que se sustentarían del presupuesto de diversas agencias para un total de $12 millones anuales, es decir, que en siete años su impacto fiscal será de $84 millones, según resaltó el presidente de la Comisión Cameral de Hacienda, Antonio Soto, durante una vista pública celebrada recientemente para evaluar la medida. Otra pieza ya aprobada es el regreso de la Oficina del Inspector General, que tendría un impacto al fisco de hasta $5 millones anuales, pero que, según trascendió mientras se evaluaba, esta cantidad se reduciría en al menos $3 millones al año si se utiliza el empleador único.
Tan reciente como ayer, se celebró una vista pública del Proyecto cameral 668, que persigue crear un programa de trabajo con paga en libre comunidad para confinados. Allí el secretario de Corrección y Rehabilitación, Erik Rolón, señaló que “ahora mismo la situación del Departamento no es idónea de yo decir (a un confinado): ‘Vaya a trabajar allá, que yo le doy del sueldo’”. La medida busca que Corrección pague un sueldo de $14 mil anuales a confinados que ingresen al programa. Jesús Manuel Ortiz, portavoz de minoría de la Comisión de Seguridad Pública, que evalúa esta medida, dijo a Metro que le preocupa que no haya un impacto fiscal determinado. “En medio de una crisis que vive el país por qué tenemos que tener una estructura con otro programa y tener a Corrección pagando un salario”, expresó Ortiz, quien sostuvo que otro proyecto cuya alteración al presupuesto es el del plebiscito del 11 de junio porque “aparte de los $2.5 millones de Justicia federal, no tenía ningún otro análisis”.
Ayer también la representante Lourdes Ramos presentó dos proyectos de ley para que policías y maestros decidan si cotizarán para el seguro social. De ser aprobado, la Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá incluir en el presupuesto de la Policía y de Educación del Año Fiscal 2018-2019, los fondos necesarios para incluir a los miembros en Seguro Social federal.
Estos proyectos surgen en momentos en que el Gobierno deberá entregar este martes a la Junta federal un plan fiscal que incluya recortes o acciones fiscales de $1,000 millones al sistema de salud, $300 millones a la Universidad de Puerto Rico, un recorte de 10 % en las pensiones, reducir la nómina en 30 % y otras reducciones.
