Cuando el martes el gobernador Ricardo Rosselló acuda a su primer mensaje ante los cuerpos legislativos en el Capitolio, afuera podría haber una protesta, si se cuajan los reclamos sindicales de manifestarse ante las políticas de austeridad y la entrega ese mismo día de un plan fiscal a la Junta de Supervisión Fiscal federal, establecida bajo la Ley PROMESA.
Así se desprende de un comunicado de prensa emitido esta noche por la Coordinadora Sindical. La convocatoria sería para este martes a las cinco de la tarde.
“El martes, 28 de febrero de 2017 el gobernador Ricardo Rosselló presenta su plan fiscal a la Junta de Control Fiscal y a la Asamblea Legislativa. Esta propuesta va dirigida a reducir los derechos de nuestro pueblo trabajador y los servicios que merecemos para una vida digna. En cambio, se pretende garantizar el pago de una cuestionable deuda. Para ello el gobernante privilegia al sector privado mediante la aprobación de leyes para entregar el patrimonio y los servicios públicos. Se eliminan derechos y condiciones de trabajo a los empleados de la empresa privada. Se congelan los convenios colectivos y se prohíben la negociación colectiva y los beneficios económicos hasta el año 2021. Pretenden estrangular la Universidad de Puerto Rico y se pone en riesgo las pensiones de los jubilados y los futuros pensionados. Reducciones en servicios de salud y educación mientras se proponen mayores impuestos de consumo augura una gran recesión económica”, lee el comunicado distribuido a los medios de comunicación esta tarde.
Se alega que el plan requerido por el organismo federal será puesto en función por el gobierno de Puerto Rico. “Ante esta dosis de medicina amarga, la Coordinadora Sindical se une al reclamo de otros sectores sociales del país para que nos movilicemos al Capitolio, en el ala sur, desde las 5:00 de la tarde este martes, 28 de febrero para decir NO a la Junta de Control Fiscal, decir NO a la Ley PROMESA y decir NO al plan fiscal de Ricardo Rosselló y la sumisa mayoría legislativa”, concluye la comunicación.
La semana pasada, hubo una marcha de la comunidad universitaria en protesta al plan fiscal para la Universidad de Puerto Rico que busca un recorte de $300 millones en dos años para el primer centro docente del país.
