La Cámara de Representantes aprobó el miércoles, la medida que crea la “Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico”, que propone establecer la política pública de igual paga por igual trabajo, tanto en el sector público como en el privado.
“Todavía queda un largo trecho que recorrer. Esta Cámara de Representantes recarga su responsabilidad y cumple con la mujer puertorriqueña. Si tiene el mismo esfuerzo, tiene que tener la misma paga y no se puede discriminar”, dijo presidente cameral, Carlos ‘Johnny’ Méndez en declaraciones escritas, al señalar que la pieza adopta los criterios contenidos en las disposiciones estatales y las reglas establecidos en la ley federal conocida como ‘The Equal Pay Act’, del 1963.
El Proyecto de la Cámara 9, de la autoría de Méndez y la delegación de la mayoría parlamentaria, pretende prohibir la discriminación salarial por razón de sexo contra empleados que realicen un trabajo de igual destreza, esfuerzo y responsabilidad, bajo condiciones similares y convertirá en una práctica ilegal que un patrono requiera, como condición de empleo o como condición de permanencia, que un trabajador o aspirante al cargo se abstenga de preguntar, discutir o solicitar información acerca de su salario, o del salario de otro empleado que realice un trabajo comparable.
En un turno a favor de la medida, Méndez Núñez expresó que uno de los mayores retos que enfrentan las féminas es lograr un trabajo digno en el cual se les trate igual que a los hombres en términos salariales, cuando realizan las mismas funciones.
El popular Manuel Natal Albelo cuestionó la falta de protección contra el discrimen en cuanto a ascensos en el trabajo, según dijo en el pleno.
Entretanto, fue favorecida la Resolución de la Cámara 128 que ordena una investigación sobre los estudiantes graduados de la corriente de Educación Especial del Departamento de Educación y su integración en el mercado laboral.
La medida, sometida por Méndez Núñez y los representantes José Aponte Hernández, Guillermo Miranda Rivera, Rafael Rivera Ortega, Luis Pérez Ortiz y Néstor Alonso Vega, destaca que las estadísticas ofrecidas durante el Foro Laboral para Personas con Diversidad Funcional organizado por la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo del Senado de Puerto Rico, y reseñadas en la prensa escrita, revelaron que en la Isla hay alrededor de 750,000 personas con necesidades especiales, de las cuales apenas unas 10,000 forman parte de la fuerza trabajadora para un 3.5 %.
El representante Aponte Hernández argumentó que la inserción en el mundo laboral de toda persona, debe ser un objetivo fomentado por el Gobierno, ya que permite la independencia y autonomía del individuo.
La Cámara de Representantes estima pertinente realizar una investigación sobre los estudiantes graduados de la corriente de educación especial y su integración en el mercado laboral, a fin de mejorar y fomentar la misma.
El Cuerpo también dio paso a la Resolución de la Cámara 85, para investigar la viabilidad de instalar placas solares o cualquier otro mecanismo de energía en los planteles escolares del Departamento de Educación, con el fin de mover el sistema al uso de energía renovable y aportar al plan de economías programado por el Gobierno de Puerto Rico.
Ocurrió igual con la Resolución de la Cámara 96, para estudiar las condiciones de la carretera estatal PR-446 a la altura del Municipio de San Sebastián, con énfasis en el estatus de la reconstrucción del tramo de carretera colapsado a causa de las condiciones del tiempo, localizado en el Barrio Robles.
Asimismo, se le dio paso a la Resolución Conjunta de la Cámara 60 para reasignar fondos al municipio de Canóvanas para obras y mejoras permanentes; y a la Resolución de la Cámara 164 para realizar una investigación en relación a la falta de alumbrado y desagües adecuados en la carretera PR-30 desde Caguas hasta Las Piedras.
Por último, fue respaldada la Resolución de la Cámara 120, para investigar el estatus de la fiscalización de la “Ley para Reglamentar la Práctica de Fumar en Determinados Lugares Públicos y Privados”, con el propósito de identificar si los funcionarios públicos llamados a hacer valer el estatuto están cumpliendo con su responsabilidad inherente, identificar si la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Salud de Puerto Rico cuentan con estadísticas de multas impuestas por violaciones a la ley.
La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta mañana, miércoles, 1 de marzo de 2017 a las 2:00 p.m.
