El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, calificó como una cortina de humo la Orden Ejecutiva que firmó ayer jueves el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para aumentar el salario mínimo a los empleados públicos y a los obreros de la construcción cuyas empresas realicen trabajos para el gobierno.
“El martes el Gobernador anunció legislación para aumentar el salario mínimo, dos horas después, dice que no es aumento sino que van a equiparar los salarios de los que están por debajo de los $7.25. Al día siguiente dice que es una “aspiración” y entonces, ayer firma una Orden Ejecutiva cuya única intención es tratar de desviar la atención publica de la discusión de su plan fiscal. Esta Orden Ejecutiva, además de destapar la improvisación que reina en el gobierno en el manejo de la crisis fiscal, lacera la confianza y juega con las verdaderas necesidades de los trabajadores. Los números del propio Departamento del Trabajo evidencian que muy pocos empleados en el gobierno, si alguno, y muchos menos en la industria de la construcción, tienen salario mínimo”, denunció el legislador en declaraciones escritas.
Según datos provistos por Ortiz, las estadísticas más recientes del Censo Trimestral de Empleos y Salarios del Departamento del Trabajo (junio 2016), establecen que el salario promedio semanal de los 76,221 empleados públicos con salarios más bajos es $592 lo que equivale a $8.65 por hora, 40 centavos más que la cifra establecida por el Gobernador. En el caso de los trabajadores de la construcción, las cifras oficiales establecen que para el 2016, en Puerto Rico habían un total de 29,560 trabajadores en este sector, cuyo salario promedio es de $10.11 por hora y el básico de $8.18 por hora.
Lo que significa que la Orden Ejecutiva del gobernador “tiene ninguno o muy poco impacto en los salarios de estos obreros”.
“Estos datos, del propio Departamento del Trabajo, demuestran la falta de conocimiento y la improvisación de este gobierno. El Gobernador está creando falsas expectativas a expensas de las necesidades y el dolor de un pueblo. Le debe dar una explicación al País sobre por qué firmó una Orden Ejecutiva, sin ofrecer data alguna sobre impacto fiscal, con un efecto mínimo y en algunos casos nulo, mientras a todos se les pretende imponer más de 70 impuestos en su plan fiscal. Todos favorecemos que se mejoren las condiciones de trabajo de nuestra gente, lo que condenamos es una acción ha demostrado ser un insensible truco publicitario para tratar de ensalzar su imagen pública y desviar la atención”.
Por último, Ortiz cuestionó la credibilidad de Rosselló y las decisiones que ha tomado para atender la crisis fiscal. “La administración del gobernador Ricardo Rosselló tiene un serio problema de credibilidad. En sólo dos meses de gobierno ha sido evidente el desconocimiento del gobierno, la ausencia de peritaje en áreas críticas y la absoluta improvisación. Dijo que tenía un plan fiscal, que había dinero para pagar la deuda y que no había razón para pedir moratorias. Meses después, se contradice. Prometió reducir las contribuciones y el IVU, y ahora pretende imponerle $1,409 millones al bolsillo de las familias puertorriqueñas con 77 nuevos impuestos”.