El director de Política Pública del grupo Centro para una Nueva Economía, Sergio M. Marxuach, destacó el peligro de perder los cuantiosos recursos de los programas de salud federales, que “han aliviado el sufrimiento de millones de niños, adultos de bajos ingresos y personas de edad avanzada facilitándoles acceso a un cuidado médico digno”.
En un escrito en la página web del centro investigativo, se explicó que “en Puerto Rico, de acuerdo con datos publicados en el Commonwealth Financial Information and Operating Data Report con fecha de 18 de diciembre de 2016, aproximadamente 1,583,000 personas (46 % la población) se benefician de Medicaid y CHIP (Children’s Health Insurance Program) a un costo de $2,867 millones”.
Este costo es sufragado con una asignación de $892 millones del fondo general de Puerto Rico; $1,706 millones de fondos Federales; y $348 millones de otros ingresos.
“Desafortunadamente, este financiamiento y el acceso a servicios de salud para casi la mitad de nuestra población se encuentran en peligro”, aseveró Marxuach.
Este puntualizó “la manera discriminatoria en la que se ha tratado tradicionalmente a Puerto Rico bajo el programa de Medicaid”.
En términos generales, los gastos de Medicaid se financian en parte por cada estado y en parte por el gobierno federal. Explicó que la porción relativa que aporta cada jurisdicción se basa en una fórmula que le otorga gran peso a la tasa de pobreza—mientras más pobre el estado más grande es la contribución Federal.
“En el caso de Puerto Rico la aportación federal se fija en 55% del costo del programa, un porcentaje que usualmente le aplica a los estados más prósperos. Además, agregó, la ley le impone un tope muy bajo a la cantidad total de la aportación federal para Puerto Rico. Para el año fiscal 2016 esa aportación fue de aproximadamente $340 millones.
“El resultado perverso es que una de la jurisdicciones más pobres de los Estados Unidos, donde la mediana del ingreso por hogar es $18,626 y aproximadamente 46% de todas las personas y 43% de todas la familias viven bajo el nivel de pobreza federal, se le trata como uno de los estados más ricos para propósitos de Medicaid, un programa diseñado específicamente para ayudar a las personas con bajos ingresos a obtener servicios de salud de calidad”.
También señaló que Puerto Rico recibió un alivio temporero al aprobarse el Affordable Care Act (aACA) en el 2010. El ACA aumentó de manera no-recurrente los fondos de Medicaid para Puerto Rico con una asignación adicional de $5,400 millones para ser utilizada entre el 2011 y el 2019.
Igualmente, la Isla recibió otra asignación de $925 millones, que se pueden utilizar para pagar beneficios en vez de (“in lieu of”) establecer un mercado de seguros de salud (“insurance marketplace”), pero esos fondos solo se pueden utilizar después que se gaste la asignación inicial de $5,400 millones y están disponibles solamente hasta el año fiscal 2019. De acuerdo con las proyecciones más recientes, Puerto Rico agotará ambas asignaciones presupuestarias entre octubre de 2017 y marzo de 2018, sostuvo.
Sin embargo, se lamentó, la crisis financiera del seguro público de salud coincidió con la llegada del presidente Trump, quien se declara enemigo de ACA.
Además, sentenció, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y el secretario de Salud federal, Tom Price, modificarán el programa de Medicaid.
“El efecto real, sin embargo, de cambiar la estructura de Medicaid sería reducir significativamente la aportación federal al programa y transferir riesgos a los estados (el costo alto de tratamientos nuevos, epidemias, aumento en la tasa de pobreza durante una recesión, etc.) que ahora recaen sobre el gobierno federal”, dijo el economista en su análisis.
“El riesgo principal para Puerto Rico es que no se renueve la asignación especial de fondos bajo el ACA. La Comisionada Residente ha presentado un proyecto, el H.R. 259, a tales efectos pero es poco probable que se apruebe si no forma parte de un paquete de legislación más abarcador”, opinó Marxuach.
De no renovarse la asignación bajo el ACA, la cantidad de fondos asignada a Puerto Rico bajo Medicaid se reduciría a aproximadamente $400 millones bajo la fórmula que tradicionalmente le ha aplicado a Puerto Rico, advirtió.
En un escenario como ese, indicó, la Isla tendría que reducir la cantidad de beneficiarios; los beneficios cubiertos bajo el plan, y; los reembolsos a los médicos y hospitales.
Inclusive, habría que aumentar deducibles y co-pagos de que los beneficiarios; dedicar una fuente permanente de ingresos para financiar el programa; o una combinación de todas estas.
“La vida de cientos, tal vez miles, de puertorriqueños está en riesgo, muertes prematuras que se pueden prevenir y cuya responsabilidad recaerá sobre los oficiales fiscales impuestos por el gobierno federal y los representantes electos que tienen la obligación de tomar acción para evitarlas”, previno el economista.
