La Junta de Control Fiscal (JCF) recomendó hoy al Gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la implantación inmediata de un programa de recorte parcial de jornada para lograr ahorros de $35 a $40 millones mensuales, mediante el equivalente a 4 días al mes para la mayoría de los empleados de la Rama Ejecutiva y 2 días al mes para maestros y personal de primera línea en instituciones que operan 24 horas al día.
“Aun mientras seguimos analizando el Plan Fiscal, queremos traer a la atención inmediata nuestra preocupación en relación a la presente situación de liquidez. Creemos que, si no se toman acciones contundentes de emergencia el Gobierno, en cuestión de meses, no podrá pagar por servicios esenciales, incluyendo pensiones, educación, salud y seguridad pública. Esto requiere nuestra atención conjunta e inmediata”, puntualizó el presidente de la Junta, José Carrión.
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La Junta también pidió al gobierno:
- Reducciones comparables a estos ahorros por reducción parcial de jornada de la Rama Ejecutiva para otras entidades a través de todo el gobierno, incluyendo las corporaciones e instrumentalidades públicas y las ramas Legislativa y Judicial.
- Reducciones en gastos por contratos de servicios profesionales de hasta 50 por ciento y reducciones significativas en todos los gastos por contrataciones gubernamentales.
- Reducciones en costos de cuidado de salud, mediante la negociación del costo de medicamentos y reducciones de los pagos a planes de salud y proveedores.
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La JCF señaló que aun asumiendo el no-pago de la deuda y la rápida implantación de las medidas presupuestarias y de manejo de efectivo contenidas en el Plan Fiscal del Gobierno, el ente federal entiende que hace falta hacer más.
El documento que envió la Junta fue acompañado con un informe fechado hoy de la firma de auditoría Ernst & Young, sobre el puente entre los estados financieros auditados del Gobierno del 2014 y los números base para el 2017 que el gobierno utilizó en su propuesto Plan Fiscal. De acuerdo con el informe de E&Y, los gastos del Gobierno para el 2017 pudieran estar subestimados por una cantidad de entre $360 y $810 millones basado en patrones históricos de gastos.
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“La Junta de Supervisión concluyó que el Gobierno pudiera enfrentar un déficit de aproximadamente $190 millones al principio de julio de 2017”, lee la carta.
Control absoluto para AAFAF
Según el documento, a fin de atender la crisis de efectivo, la JCF pidió al Gobernador que instruya a la Autoridad de Agencia Fiscal y Asesoría Financiera (AAFAF) para que dicha agencia ejerza “inmediatamente” el control de todas las cuentas, ingresos y gastos del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, “a fin de implantar un nuevo plan de liquidez consistente con las guías contenidas en la carta de la Junta”.
Las peticiones de la Junta surgen luego de que el gobernador Rosselló presentó el 1 de marzo su plan fiscal ante el cuerpo creado bajo la ley bipartita Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (PROMESA).
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En la carta la Junta alertó al gobernador y apuntó a que la posición de efectivo del Gobierno de Puerto Rico “está tan críticamente baja que de no tomarse acciones de emergencia inmediatamente, en cuestión de meses se quedará sin dinero para pagar servicios esenciales como educación, salud y seguridad pública”.
Además, en el documento establecen que el Gobierno enfrentará esta realidad habiendo ya dejado de pagar sus deudas, sin acceso a los mercados de capital en términos normales y habiendo extinguido muchas medidas extraordinarias de manejo de efectivo.
En peligro el Sistema de Retiros de empleados públicos y de maestros
Por otro lado, explican antes del final del año 2017 el fondo de pensión del Sistema de Retiro de Empleados Públicos (ERS) estará agotado, el fondo del Sistema de Retiro de Maestros (TRS) estará también agotado, y el Gobierno comenzará “su ya postergada segregación de las contribuciones de empleados, lo que obligará al Gobierno de Puerto Rico a tener que sacar aproximadamente $1,200 millones de su presupuesto operacional para hacer los pagos a pensionados”.
También señalan que el Gobierno perderá aproximadamente $800 millones en fondos federales de salud bajo el Affordable Care Act para el año fiscal 2018, a partir del final del 2017.
Precisamente anoche, el representante del gobernador ante la JCF, Elías Sánchez, envió una carta al presidente del ente federal, instándolo a que presentara recomendaciones al Presidente y al Congreso, para entre varios asuntos, renegociar la deuda.
